Sánchez podrá usar el decreto de las mascarillas para imponer nuevas medidas sin control del Congreso

El Real Decreto Ley de medidas en materia de Sanidad que ha aprobado este jueves el Consejo de Ministros para imponer el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores- y que deberá convalidar un pleno extraordinario del Congreso a principios de enero- vuelve a conferir plenos poderes frente al Covid a Pedro Sánchez. Y es que una vez reciba luz verde en la Cámara baja, el Gobierno podrá modificarlo a su antojo sin necesidad de pedir permiso al Legislativo.

Fuentes del Ministerio de Sanidad apuntan que, con esta fórmula, lo que se pretende es ganar en agilidad. Es decir, que si la situación epidemiológica empeora, con carácter de urgencia se podrán endurecer las restricciones sin necesidad de pedir permiso al Congreso como hasta ahora. Una forma de tomar decisiones que sustituye al estado de alarma declarado inconstitucional y que Moncloa descarta volver a aplicar. Cabe recordar que Sánchez ya se atribuyó poderes absolutos con un segundo estado de alarma que aprobó con una duración inédita, seis meses, para evitar dar explicaciones en el Parlamento.

Pleno en enero

El Gobierno dispone ahora de un mes para convalidar el Real Decreto Ley de medidas sanitaria. Así pues, antes del 23 de enero, la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, deberá convocar un Pleno que autorice al Ejecutivo a la aplicación de esta norma. Mientras, el uso de la mascarilla será ya obligatorio en exteriores. Si el Real Decreto Ley no consiguiera ser convalidado por falta de apoyos, la obligatoriedad de la mascarilla decaería.

De hecho, ya hay un dato llamativo. Y es que aprovechando el Real Decreto Ley para hacer obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, el Gobierno ha incluido en una disposición adicional la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC. Un asunto que nada tiene que ver con la pandemia. Y cabe recordar que el Gobierno ya utilizó en su día este mismo mecanismo para blindar al entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mediante un decreto ley sobre los efectos del Covid en la economía. El Tribunal Constitucional acabó anulando esa maniobra.

«La sentencia considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento», explicó el tribunal. Además, los magistrados reprochaban que el Ejecutivo no había justificado «la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales» que habían determinado la aprobación del decreto.