El Gobierno quiere fomentar los ‘chivatazos’ anónimos de acoso sexual en un buzón en Internet

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere fomentar las denuncias de acoso sexual en el buzón anónimo que el ministerio de Empleo implantó en 2013 con la finalidad original de ayudar a conocer casos de fraude laboral.

El Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, aprobado en Consejo de Ministros el 27 de julio, recoge expresamente entre sus medidas de acción dar cabida en este buzón «a las comunicaciones que se reciban sobre casos de acoso sexual o por razón de sexo, así como las referentes a discriminación en el acceso al empleo». La denuncia dará origen a una actuación por parte de la Inspección provincial que corresponda.

La puesta en marcha de este buzón ya resultó muy polémica, y fue criticada incluso desde los sindicatos. Comisiones Obreras, por ejemplo, consideró que estas prácticas, de «chivatazo anónimo», resultaban más propias de «un país totalitario y sonrojan a cualquier demócrata».

La denuncia, anónima, será analizada y, en su caso, dará lugar a la investigación de los servicios de Inspección de Trabajo

Ahora, su uso resulta aún más polémico, en tanto entra en una temática sensible, como el acoso, que será investigado sin necesidad de que la supuesta víctima aporte pruebas, declaraciones o presente su denuncia ante la Policía.

El buzón está habilitado en la página web del Ministerio de Empleo y permite que los ciudadanos informen de conductas que puedan suponer un fraude laboral para, posteriormente, iniciar un análisis e investigación por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. El procedimiento asegura la absoluta confidencialidad del denunciante.

Sólo en sus dos primeros años de aplicación, y según datos del anterior Gobierno, la medida permitió aflorar 4.181 empleos sumergidos (ahora superan los 8.000). Hasta 2016, se iniciaron 116.871 inspecciones a raíz de estas denuncias, de las cuales se finalizaron 27.008.

El denunciante únicamente debe aportar información sobre la empresa —razón social y nombre comercial, dirección y actividad económica— y las irregularidades observadas.

Hasta ahora, esas irregularidades se limitaban a «trabajadores sin contrato», «trabajo incompatible con la prestación por desempleo, incapacidad temporal, jubilación, etc», «trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo», «trabajadores con jornada superior a la firmada en contrato, incumplimientos en materia de jornada y horas extraordinarias», «pago de cantidades que no figuran en nómina y no declaradas a la seguridad social», «incumplimientos en materia de descansos y vacaciones» o «incumplimientos en prevención de riesgos laborales». También se solicitaba al denunciante que incluyese una breve descripción de los hechos.

Dificultad para actuar

El Gobierno admite la «dificultad para actuar ante este tipo de consultas, toda vez que requieren la denuncia». Por ello, la iniciativa que ha diseñado el Ejecutivo suprime las garantías y se basa en una simple denuncia anónima, que podría llevar a un procedimiento judicial.

Junto con el acoso, se dará además cabida a aquellas denuncias en las que se considere que existe una discriminación por razón de sexo, una situación también difícil de probar y sujeta a una elevada subjetividad.

Además, el Gobierno obligará a todos los inspectores de Trabajo a someterse a cursos en materia de acoso sexual o por razón de sexo y de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.