‘Pam’ quiere una ley para regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales en seis meses

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha propuesto una ley «contra el racismo» que sirva para regularizar «a todas las personas que han llegado a España con carácter previo a noviembre de 2021». Se trata de una idea plasmada en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por la organización Regularización Ya, y que actualmente se encuentra pendiente de debate en el Congreso de los Diputados. Podemos y otros socios de Pedro Sánchez, como ERC o Bildu, ya se mostraron en su día a favor de esta iniciativa.

En el texto, los proponentes indican que «en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad» y denuncian que «el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español». Principalmente, señalan, porque «los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento, y por otra, el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación».

Así, justifican la necesidad de una regularización masiva por varias razones, como «el respeto a los derechos fundamentales», «la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad» y porque «la existencia de cerca de medio millón de personas fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza pública que es urgente corregir».

En seis meses

Por ello, los impulsores de esta iniciativa reclaman modificar la Ley de Extranjería para obligar al Gobierno a «establecer en el plazo de seis meses un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021».

Según la secretaria de Estado de Igualdad, «España cometería un error muy grave si no aprobase en 2023 una ley contra el racismo». Esta norma fue anunciada por la ministra Irene Montero en marzo de 2022, pero todavía no ha llegado al Consejo de Ministros.

Entonces, Montero dibujó una España donde «la xenofobia y el machismo son sistémicos y estructurales» y están «presentes en la sociedad». «Éste es el Gobierno que se puede permitir aprobarla y que tiene las condiciones políticas y la mayoría parlamentaria necesaria», ha avisado Ángela Rodríguez.