Los okupas celebran que llevan 23 años usurpando una vivienda en Móstoles con la permisividad municipal

El grupo de okupas de «La Casika de Móstoles» está de celebración. En sus redes sociales se vanaglorian de cumplir «23 años de vida». A pesar de estar usurpando una vivienda histórica del centro de esa localidad madrileñas, los okupas han organizado una conmemoración por llevar desde 1997 instalados en esta propiedad.

Este colectivo de antisistemas han publicitado en sus perfiles en Internet los 23 años del ‘Centro Social Okupado La Casika’ en el inmueble ubicado en la calle Montero 15 en Móstoles. Tras difundir su particular cumpleaños, decenas de otras casas y colectivos okupas han felicitado a sus compañeros.

Por su parte, los propietarios de este inmueble han estallado en indignación al conocer su último movimiento. «Se toman todo por el pito de un sereno. No respetan nada», lamenta en conversación telefónica con OKDIARIO uno de los propietarios de este bloque de 685 metros cuadrados construidos y un gran jardín.

La casa pertenecía a una pareja que murió sin hijos. Vivían en Madrid y tenían esta vivienda fruto de la herencia de la mujer. Al morir dijeron que la cedían a Cáritas para construir un centro de mayores. No obstante, en el testamento indicaron que si en cinco años esta entidad social no había desarrollado el proyecto, la propiedad pasaría a los legítimos herederos. Un grupo de hermanos y familiares que ven en esos okupas una auténtica pesadilla.

🎂 23 años de vida 🎂
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— CSO la CasiKa (@CSOlaCasiKa) December 5, 2020

El infierno para recuperar la propiedad es total. Han tenido varios juicios pero no han conseguido el desalojo inmediato de los okupas. En alguna ocasión, cuando la Policía ha detectado en Internet alguna de sus múltiples fiestas, se han personado en el domicilio de los propietarios para avisarles de que ante posibles irregularidades de ruido, actividades no permitidas, etc. ellos serían los responsables. «Es un sinsentido total, rápidamente nos personamos en el Registro del Ayuntamiento para rechazar cualquier responsabilidad en esos eventos ilegales, ¡sólo faltaba!», comenta el propietario a este periódico.

Por otra parte, critica al Ayuntamiento de Móstoles. «No tienen ninguna intención de desalojar a estas personas», lamenta la citada fuente. Actualmente cabe destacar que la alcaldesa es Noelia Posse (PSOE), conocida por la polémica de los enchufes, que gobierna el municipio en coalición con Podemos que tiene varios concejales en el Ejecutivo local.

 

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«Se ríen de todos. No hay derecho. Por si tuvieran poco con la casa, a veces cortan la calle para tener más espacio. La Policía ante esta situación no hace nada», relata este propietario. Por otra parte, recuerda otra anécdota: «Cuando hay alguna sesión en los Juzgados para tratar de que les desalojen montan chocolatadas. Entregan octavillas para que todo aquel que vaya a presionar al juez posteriormente disfrute de un chocolate caliente en el interior de la vivienda okupada», recuerda.

Otro detalle que llama la atención son las reuniones que están manteniendo a pesar de la crisis del coronavirus. En sus redes sociales muestran que se han reunido más de 20 personas para comer en los jardines de la vivienda. «Hola a todxs (sic.), nos reunimos para aunar fuerzas y defender este espacio, ¡estate atenta a las siguientes reuniones! Gracias a las que vinieron por el apoyo y las ideas. ¡Solas aguantamos, contigo avanzamos!».

Por otra parte, en sus redes sociales llama la atención que juegan la carta de la solidaridad para tratar de perpetuarse en el espacio. Han organizado la «Red de Apoyo Mutuo de Móstoles» para entregar comida a los vecinos más vulnerables de la localidad. «Los cuidados son revolucionarios y solo el pueblo salva al pueblo. ¡Difunde y colabora!», esgrimen.

Plan anti-okupas

El fenómenos de las okupaciones se ha disparado en los últimos meses hasta tal punto que el Gobierno de PSOE y Podemos han puesto en marcha algunas tímidas medidas contra las usurpaciones. También la Fiscalía General del Estado capitaneada por Dolores Delgado ha emitido una orden para intentar poner coto a este problema en el ámbito jurídico.

Por su parte, desde el Ministerio del Interior, la Policía Nacional ha iniciado un plan operativo para frenar las redes de los okupas para llevar a cabo usurpaciones. En concreto, el pasado 2 de diciembre la Dirección General de la Policía Nacional, que lidera Fernando Grande-Marlaska, anunció que desde noviembre tiene un plan operativo para dar orden a las comisarías generales a elaborar información de forma periódica sobre los movimientos radicales o criminales ligados a la ocupación de propiedades, así como monitorizar las redes sociales y fuentes abiertas para localizar manuales que sirvan para cometer este delito. La Guardia Civil, por su parte, también tiene preparado su propio plan, según avanzaron fuentes del Instituto Armado.