Nuevo varapalo de Bruselas a Sánchez: la reforma del CGPJ debe negociarla con la oposición

Bruselas vuelve a señalar al Gobierno por su golpe a la independencia judicial. Esta vez, el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, ha recordado a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cualquier reforma del Consejo General del Poder Judicial debe ser negociada con la oposición, es decir, con el Partido Popular.

Además, la Comisión Europea asegura que está informada de la última propuesta de la coalición socialcomunista para limitar el poder en funciones del CGPJ y exige al Ejecutivo español que la futura reforma no comprometa la independencia del poder judicial.

«Es importante que cuando un Estado miembro reforma su sistema judicial se lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia», ha subrayado.

La Comisión Europea lanza un aviso a Sánchez e Iglesias: «Seguiremos de cerca la situación y esperamos más información del Gobierno de España». Y le insiste en que España debe seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.

No es la primera vez que Europa avisa a España ante los planes del Gobierno. Cuando Pedro Sánchez anunció que se planteaba cambiar la forma de elección del CGPJ para que se aprobara sólo con mayoría absoluta y así no necesitar el apoyo de la oposición, Bruselas lanzó un mensaje claro.

El primer aviso de Europa

Europa observa muy de cerca al Gobierno de España. Ya ha lanzado varias advertencias ante su intento de asalto al poder judicial. El primero llegó cuando anunció la reforma para que el CGPJ fuera renovado por mayoría absoluta. La Comisión Europea aseguró inmediatamente que observaría «con atención» el desarrollo de la reforma.

Bruselas fue muy clara: recordó que el reciente informe sobre el Estado de derecho en España subrayaba la importancia de garantizar que el CGPJ «no sea percibido como vulnerable a la politización». Además, el Ejecutivo comunitario publicó su primera evaluación del Estado de derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, alertó de que la situación del CGPJ en España era un «desafío» que se debía afrontar.

La reforma del Gobierno

El órdago del Gobierno al PP sobre la renovación del CGPJ llegó hace poco menos de dos meses. El PSOE y Podemos querían salvar al soldado Pablo Iglesias por el caso Dina y anunciaron la presentación de una proposición de ley para reformar la composición del CGPJ en sólo «dos meses», sin consenso y sin los controles de órganos constitucionales.

Los portavoces parlamentarios de PSOE y Podemos en la Cámara Baja, Adriana Lastra y Pablo Echenique, lo anunciaron en una rueda de prensa conjunta. La dirigente socialista dijo que el Gobierno iba a hacer todo lo posible para agilizar los plazos para que la iniciativa sea aprobada en «dos meses» y renovar el CGPJ sólo con mayoría absoluta.

La renovación del CGPJ debe ser aprobada por tres quintos del Congreso de los Diputados. Así, se aseguran que los partidos mayoritarios tengan que pactarlo y uno no imponga sobre el otro su criterio. Es decir, de esta manera se vela por la separación de poderes, algo que se quiere cargar el Gobierno socialcomunista con su mayoría absoluta.

«El actual CGPJ es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe», decía durante su comparecencia el podemita Pablo Echenique, obviando que ahora reducirán aquí por la vía rápida la mayoría de tres quintos para dejarla en mayoría absoluta y así evitar cualquier pacto con el PP y tirar de sus socios como ERC o Bildu.

Con una argucia legal, en lugar de optar por un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, los socialcomunistas han recurrido a la fórmula de la proposición de ley para evitar así que el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio CGPJ tengan que pronunciarse en informes no vinculantes sobre la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Tras el escándalo que produjo este anuncio, Sánchez tuvo que recular. La oposición puso el grito en el cielo pero el toque de atención más gordo llegó desde Bruselas. Ante esto, el presidente del Gobierno aprovechó la moción de censura que Vox presentó contra su Ejecutivo para hacer un anuncio.

Tras un discurso de Pablo Casado muy crítico con los de Santiago Abascal, Sánchez vio la oportunidad de subir al estrado y anunciar que paralizaba la polémica reforma para intentar negociar con el PP. Lo justificó asegurando que la actitud de los populares había cambiado, pero lo cierto es que Europa ya les advirtió de que ponía en riesgo la separación de poderes.