La UE exige a Mónica García reformar su ley antitabaco tras alertar varios países que es «desproporcionada»

La Unión Europea ha exigido al Ministerio de Sanidad de Mónica García, dirigente de la formación Más Madrid, que reforme su ley antitabaco después de que varios países alertaran de que la medida propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez era «desproporcionada».

La cartera de la compañera de coalición de Yolanda Díaz redactó su Anteproyecto de Ley para modificar la norma antitabaco en 2025. Como parte de este proceso, Sanidad debe elevar al Ejecutivo europeo la norma para su revisión. Este trámite europeo previo a su aprobación, conocido como TRIS, es obligatorio. Si bien el anteproyecto de ley ya terminó su proceso de audiencia pública, ahora debe cumplir con este paso a nivel comunitario.

La Comisión Europea, encabezada por la alemana Ursula von der Leyen, ha enviado a principios de este año un nuevo comentario en el que se hace eco de la «opinión detallada» de Rumanía, Grecia e Italia sobre sus «medidas frente al tabaquismo».

Concretamente, el Ejecutivo europeo lamenta que las definiciones de productos como el cigarrillo electrónico sin nicotina, sus recargas, los productos a base de hierbas calentadas, el dispositivo para consumo de tabaco o los cigarrillos electrónicos de un solo uso puedan «crear ambigüedad».

Además, recalcan que cualquier norma que prohíba algo más de lo que ya ha limitado otra norma europea debe primero pasar por un proceso en la Comisión. Y es que sólo puede restringirse un derecho ya regulado por Bruselas si el Ejecutivo europeo da su visto bueno.

Quejas de países europeos

El Gobierno rumano ha alertado de que «va más allá del marco de armonización» de la Unión Europea. Es decir, que rompe con la homogeneidad del club comunitario respecto de un aspecto concreto. Rumanía advierte que la cartera de García introduce «nuevas definiciones, amplía su ámbito de aplicación a los productos sin tabaco y sin nicotina que simplemente «imitan» el acto de fumar». Además, critica que someta estos productos al mismo «régimen jurídico restrictivo» que el tabaco.

«Los Estados miembros no pueden adoptar medidas nacionales más estrictas que las estipuladas en las directivas europeas armonizadas» cuando ya se haya aprobado una norma en el seno de la Unión. Es decir, que España no puede limitar los derechos más allá de lo que ya haya decidido Bruselas.

Y es que desde el país del Este lamentan que esto pueda provocar una «fragmentación del mercado interior». Además, cree que las limitaciones que impondría esta nueva ley serían «prohibiciones injustificadas». Y ejemplifica que se vaya demasiado lejos con la «prohibición total de los cigarrillos electrónicos desechables» y «de las ventas transfronterizas a distancia de productos relacionados».

«España no ha demostrado que las medidas impuestas sean necesarias para alcanzar el objetivo de salud pública y no ha examinado si medidas menos restrictivas permitirían alcanzar dicho objetivo», subraya la opinión justificada de Rumanía. Además, señala que la norma, pese a no cumplir con todas estas exigencias, impone «sanciones administrativas severas».

«Las disposiciones contenidas en el proyecto de texto crean barreras al comercio en el mercado único, vulneran el principio de libre circulación de mercancías y fragmentan el mercado al distorsionar la competencia leal», concluyen, para añadir que su impacto «no parece haber sido evaluado» por Sanidad.

«Carga desproporcionada» para el ocio

Por su parte, Grecia apunta que un Gobierno como el español «no puede proceder por iniciativa propia a la prohibición de los productos del tabaco», sin que antes haya «solicitado y obtenido previamente el consentimiento de la Comisión Europea».

El país heleno suscribe en parte las quejas de Rumanía y añade algunas más. Entre ellas, la ampliación de la prohibición de fumar en los espacios públicos: «Fumar a una distancia de 15 metros de todos los edificios públicos y otras estructuras públicas y privadas va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de proteger la salud pública». A ojos del Ejecutivo griego, Sanidad «no ha aportado pruebas de que las medidas previstas son adecuadas».

Además, detallan que estas medidas imponen «una carga desproporcionada a diversos sectores, en particular a los servicios de restauración y ocio».

«El proyecto de ley propuesto carece de fundamento científico para las medidas propuestas, va más allá del marco normativo de la Unión y obstaculiza el principio de libre circulación de mercancías», concluyen desde Atenas.

El Gobierno italiano de Giorgia Meloni también ha expuesto sus dudas en este aspecto. A ojos de Roma, las medidas para evitar un «van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo declarado de proteger la salud evitando que los no fumadores se vean expuestos al humo del tabaco».

Según Italia, la cartera de Mónica García debió haber demostrado si no había otras medidas menos restrictivas que llevar a los fumadores a 15 metros de los edificios oficiales. «No se aportan pruebas que justifiquen la conveniencia de ampliar la prohibición de fumar en lugares públicos», apostillan.

«La introducción de medidas generalizadas para las zonas al aire libre, que no son claramente identificables (por ejemplo, «zonas destinadas a la atención directa al público»), carece de base jurídica y puede dar lugar a incertidumbre», lamentan desde el Gobierno italiano en su opinión. Por ello, coinciden con Grecia en alertar de su «impacto en diversos sectores (en particular, el ocio y los servicios)». «Es excesivo», afirman.