Nueva ofensiva contra la Ley Trans: 539 asociaciones pedirán a ministros de 7 países dar marcha atrás

La Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero llega a Bruselas. Este martes, un total de 539 asociaciones feministas de 7 países, seis de ellas españolas, van a hacer entrega a los ministros de Sanidad, así como a los consejeros del ramo, de una carta y un dosier para pedir que «cesen los tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas y las mutilaciones de cuerpos sanos a menores que se autodeterminan trans y se dé marcha atrás en las leyes y protocolos que así lo permiten».

En el caso de España, la misiva dirigida José Manuel Miñones, ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, recuerda que, a pesar de que el Código Penal lo prohíbe «expresamente», en España «se están prescribiendo tratamientos supresores de la pubertad mantenidos durante cuatro o más años a niñas y niños en la fase puberal Tanner 2, lo que supondrá en la gran mayoría de los casos su esterilidad».

Además, esa carta también alerta sobre la prescripción de hormonas cruzadas que se está haciendo a menores de edad, lo que, apunta, «puede suponer, aparte de problemas graves de salud general, anorgasmia u orgasmos dolorosos en las chicas y problemas de impotencia en los chicos».

Las asociaciones también se hacen eco en la documentación que van a entregar este martes a las autoridades competentes de los casos de varios países de Europa, como Suecia, Finlandia, Noruega, Reino Unido o Dinamarca, que eligieron como única opción el tratamiento afirmativo a menores y que ahora están dando marcha atrás. Estos países, informan en la carta, han reconocido «que el uso de bloqueadores de la pubertad para tratar la disforia es experimental, que los estudios que avalan este uso son incompletos e insuficientes» y, a la luz de estas averiguaciones, «han limitado ese uso a entornos de investigación y priorizan el acompañamiento y la ayuda psicológica como el mejor abordaje para aliviar los malestares de género de menores».

Al mismo tiempo, inciden en que «los medicamentos prescritos para el tratamiento afirmativo de la disforia de género no han sido aprobados para ese uso» y lamentan el contraste entre sus llamadas a la «prudencia» y la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y aprobada por todo el Gobierno.

Una normativa que, junto con las autonómicas, permiten que todas las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas se realicen sin que esas personas que no asumen su sexo biológico tengan que consultar previamente con ningún especialista en salud mental. En este punto critican que estas leyes tienden a llamar «terapia de conversión» a toda ayuda psicológica que pueda prestarse en estos casos. También critican los protocolos sanitarios de las distintas comunidades autónomas que «refuerzan la inmediata prescripción de los tratamientos mencionados, partiendo de un autodiagnóstico, algo que, comprensiblemente, no sucede con ningún otro tipo de pacientes».

El escenario en España a raíz de la Ley Trans, según dibujan estas asociaciones, es que se está viviendo un «aumento exponencial» de casos de personas que solicitan tratamiento para modificar la apariencia de su sexo y su perfil ha cambiado «radicalmente». Así, mientras que antes la mayoría de estos pacientes eran hombres adultos, hoy en día 7 de cada 10 casos son niñas adolescentes, un perfil que se ha identificado como «Disforia de Género de Inicio Rápido».

Las asociaciones españolas que firman la misiva son Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia acelerada (Amanda), Confluencia Movimiento Feminista, Feministas al Congreso, Feministes de Catalunya y Fórum de Política feminista.