Moncloa valora sustituir el estado de alarma por las leyes de salud pública y seguridad nacional

Todo es posible, y nada hay cerrado. La única persona que lo podría saber, a día de hoy, tampoco lo sabe. Hay varias posibilidades y todas sobre la mesa. Moncloa se abre por primera vez a poner fin al estado de alarma el 7 de mayo ante la dificultad de amarrar los apoyos. Paralelamente, sin sexta prórroga, el Ejecutivo valora la posibilidad de mantener ciertas restricciones mediante la ley de salud pública y la de seguridad nacional.

La decisión final la tomará Pedro Sánchez, escuchando a su entorno, y también al resto de grupos parlamentarios. Si no ve una voluntad clara de extender la situación de excepcionalidad actual, antes de sufrir un nuevo desgaste como el acuerdo con Bildu, el 7 de junio a la medianoche expirará el estado de alarma más largo de la historia de España.

Sánchez quería la prórroga para treinta días para evitar dos negociaciones, pero no se lo concedieron. Varias fuentes del Gobierno, conocedoras de cómo se están tomando las decisiones estas semanas, admiten que «lo acabará decidiendo él». Durante la pandemia el presidente se ha echado el día a día a la espalda «para lo bueno y para lo malo».

Con el cambio del estado de alarma a las leyes de salud pública y seguridad nacional el jefe del Ejecutivo se evita volver a implorar votos a favor a socios y oposición. Como mínimo durante el tiempo que él quiere tenerlas en vigor ya que dispone de un mes, desde la aprobación por el Gabinete, para pedir la convalidación y la tramitación como proyecto de ley en la cámara baja.

De optar por esta opción el Consejo de Ministros debería aprobar un real decreto, modificando ambas leyes, para que entren en vigor de forma inmediata. Posteriormente el Gobierno tendrá que llevar las modificaciones al Congreso para su convalidación y tramitación, algo que podría decaer sin demasiado inconveniente ya que habría abarcado los días restantes entre que expira el estado de alarma y el fin de la desescalada.

No obstante, apuntan fuentes de Moncloa, la preocupación con los datos ocultos en Cataluña hace tener todos los escenarios abiertos. Y es que el decreto del estado de alarma, pese a no generar consenso, le otorga a Sánchez y Salvador Illa un poder que no tendrían con la aplicación de las dos leyes.