La mentira de Sánchez: aseguró al Congreso que la reforma de la sedición no entraba en sus planes

La reforma del delito de sedición se ha convertido ahora en una cuestión urgente y prioritaria para Pedro Sánchez, necesitado de convencer a ERC de que le apoye en los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Gobierno no incluyó esa reforma en su Plan Normativo Anual para 2022 -sí lo hizo en 2020-, ni entraba en su hoja de ruta hace unos meses. Moncloa, de hecho, reiteró por escrito en el Congreso de los Diputados que sus intenciones se contenían en ese plan, rechazando así implícitamente que la sedición fuese uno de sus objetivos. Las relaciones con el separatismo han forzado al socialista a aceptar sus exigencias, aun a costa de dinamitar las negociaciones con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado es la hoja de ruta del Gobierno durante el año en curso. Contiene todas las normas que el Ejecutivo tiene previsto llevar al Congreso. En él, no hay rastro de una reforma del Código Penal centrada en «las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución», como sí aparecía unos años atrás.

En una respuesta por escrito en la Cámara Baja sobre la reforma de la sedición, el Gobierno respondió que «las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar durante el citado año natural al Consejo de Ministros para su aprobación» se recogen en el Plan Normativo Anual, en el que no figura modificar el delito.

La pregunta la trasladó Podemos, que aseveró que «una de las reformas legislativas que garantiza la libertad de expresión, y, por lo tanto, viene a reforzar la ampliación de derechos y libertades de las ciudadanas y ciudadanos es aquella que plantea una sustancial rebaja en las penas impuestas por delitos de rebelión, sedición e injurias a la Corona».

Sin compromiso

Para este año, el Gobierno no tenía ningún compromiso de reformar el delito de sedición, pese a que ahora aseguren lo contrario. Este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reveló en pleno debate de los Presupuestos, en el Congreso, que el Gobierno presentará ante la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, como exigen los socios separatistas de ERC para que los fugados del 1-O puedan volver a España sin rendir cuentas ante la Justicia y Oriol Junqueras pueda recuperar su habilitación para ser candidato en próximas elecciones.

Esa circunstancia ha volado los puentes con el PP para la renovación del CGPJ. En un comunicado emitido en la tarde de este jueves, Génova afirmó que «las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional», en alusión a los socios separatistas del Gobierno, es decir, ERC y EH Bildu.

Feijóo ha ofrecido a Sánchez abordar «juntos» cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, «tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones».

«Sánchez tiene que elegir entre pactar con el PP por la mañana y con ERC por la tarde», afirmó este viernes el jefe de la oposición, que consultó con sus barones la maniobra de Sánchez de querer rebajar el delito antes de suspender la negociación.