La España de Sánchez es la más denunciada en Europa por incumplir los derechos sociales de los ciudadanos

España es el país de la Unión Europea (UE) que tiene abiertas más denuncias ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplir la Carta Social Europea (CSE). En concreto, según este organismo, tiene diez denuncias en proceso, frente a las siete que tiene abiertas Italia, segundo país tras la España de Pedro Sánchez, y las cuatro de Francia. Grecia, República Checa y Bélgica tienen dos procesos pendientes.

El Comité Europeo de Derechos Sociales tiene potestad para investigar las denuncias que le llegan de las instituciones u organismos de los países miembros y sus sentencias obligan a los países afectados a cambiar las leyes para adaptarlas a la Carta Social Europea, que defiende los derechos sociales de los europeos.

El último ejemplo en España ha sido la sentencia a una denuncia de UGT –antes hubo otra de CCOO– sobre la insuficiencia de la indemnización de los despidos improcedentes en España, que ha obligado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a anunciar la reunión de la mesa de diálogo social para elaborar una nueva norma. Se da la circunstancia de que el Gobierno de Sánchez utilizó la reforma laboral de Mariano Rajoy de 2012 para defender que la indemnización del despido improcedente en España era correcta.

La sentencia sobre el despido improcedente ha sido la última contra España en el Comité Europeo de Derechos Sociales. La última que ha sido admitida a trámite y que ya se está investigando tiene que ver con la gestión del ingreso mínimo vital, la medida estrella de Sánchez de su llamado escudo social para tratar de reducir la pobreza, algo que a tenor de las cifras del INE y de Eurostat no ha conseguido.

La ONG ATD Cuarto Mundo denunció a España en junio de 2024 por la situación que sufren numerosos perceptores del ingreso mínimo por las reclamaciones de devolución de la ayuda que está haciendo la Seguridad Social. Estas reclamaciones dejan a muchos perceptores sin la ayuda y con una deuda que no pueden pagar, a la que se suman los intereses de demora y los embargos.

El problema es que el Gobierno otorga la ayuda y después coteja los datos fiscales a año vencido. Se dan casos que superan el límite mínimo de ingresos que marca la ley, y entonces se inicia el proceso de reclamación sin tener en cuenta la situación de la familia. El Gobierno ha admitido que ha abierto casi 100.000 expedientes sólo en 2022 y 2023. Además, hay perceptores que se les está reclamando el dinero por errores de la Seguridad Social, lo que obliga a los afectados a acudir a la vía judicial.

El Gobierno de Sánchez tiene en estos momentos procesos abiertos en Europa por los sindicatos por el acceso a la vivienda, por los derechos de permiso de los padres por nacimiento de un hijo, y por ser insuficiente el salario mínimo interprofesional –por parte del sindicato CIG gallego–.

Además, en mayo de 2023 interpuso una denuncia la Unión Federal de Policía, un sindicato de la Policía Nacional, por considerar que se les ha conculcado su derechos de huelga. Por esta misma razón les denunció en 2022 el European Organisation of Military Associations (Euromil), la organización europea de sindicatos militares.

La última denuncia contra España en el Comité Europeo de Derechos Sociales se interpuso en mayo de este año por el Foro Europeo de la Discapacidad por la falta de acceso a la vivienda de los discapacitados.