Sánchez se defiende en Europa por los despidos improcedentes apoyando la reforma laboral de Rajoy

El Ministerio de la Presidencia y Justicia de Félix Bolaños defendió ante el Comité Europeo de Derechos Sociales de la Unión Europea (UE) la actual legislación española como suficiente para garantizar la indemnización por despido improcedente en España. En los escritos del Gobierno español ante la denuncia de Comisiones Obreras -de 2022-, el departamento que dirige Bolaños llegó a apoyarse para su defensa en la reforma laboral de 2012, la que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en medio de una crisis económica brutal, y que tanto han criticado los ministros en España.

La posición del Gobierno español no ha sido suficiente para convencer al Comité Europeo de Derechos Sociales, que el jueves condenó a España por vulnerar la Carta Social Europea en lo referido a la indemnización por despido improcedente, que considera insuficiente para el trabajador y no disuasoria para el empresario.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, se ha comprometido este viernes a abrir una mesa de diálogo social en las próximas fechas para abordar este asunto y modificar la norma en lo referente al despido, algo que «estaba en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar».

La denuncia de Comisiones Obreras se registró el 18 de noviembre de 2022 -similar a una denuncia anterior de UGT, con el mismo resultado-. El sindicato que preside Unai Sordo alegaba que la situación en España constituye una vulneración del artículo 24 de la Carta Social Europea, tanto en lo que respecta a la indemnización adecuada en caso de despido improcedente como al derecho a la readmisión, al no existir una indemnización por el daño efectivamente sufrido.

Uno de los motivos que argumenta el sindicato es que la normativa española no obliga a pagar los salarios de tramitación a los trabajadores que son despedidos y luego ese despido es declarado nulo o improcedente en el juzgado, lo que obliga al empresario a readmitirle en su puesto o a pagarle una indemnización.

Esos salarios de tramitación son las nóminas que ha dejado de cobrar el trabajador desde que fue despedido hasta que sale la sentencia del juzgado. Hasta la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012 eran obligatorios, pero el PP lo modificó y en la mayoría de los casos se derogó esa obligación para los empresarios.

Pues bien, ahora el Gobierno defiende esa decisión ante Europa y señala que la Organización Internacional del Trabajo analizó la reforma laboral de Rajoy y determinó que «no era incompatible» con una «indemnización adecuada».

«En lo que se refiere a la pretensión de vulneración del artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada (CSER) por el hecho de haberse suprimido, con la Reforma de 2012, la obligación del empresario de abonar al trabajador en caso de despido improcedente los salarios de tramitación (…), la Organización Internacional del Trabajo, tras un concienzudo examen de la evolución del sistema español de protección de despido, en particular tras la Reforma de 2012, alcanzó la conclusión de que la supresión de los salarios de tramitación operada por dicha reforma no era incompatible con la exigencia de indemnización adecuada o reparación adecuada», señala el escrito de defensa del Gobierno.

«Dicha conclusión, y la argumentación que la sustentaba, resulta plenamente extrapolable al caso que ahora se examina», subraya el Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Otro argumento que utiliza el sindicato en su denuncia contra el Gobierno es la insuficiente indemnización a los trabajadores por un despido improcedente. El Ejecutivo de Sánchez se defiende en este caso asegurando que en el sistema español los empleados despedidos tienen la opción de acudir a los tribunales, y que los jueces amplíen la indemnización que reciben los trabajadores.

De nuevo, el Gobierno defendiendo la indemnización que rebajó de 45 a 33 días la reforma laboral de Rajoy en 2012 para los despidos improcedentes.

El escrito del Ejecutivo no ha servido de nada porque el Comité Europeo de Derechos Sociales ha condenado a España por 13 votos a 1 por la cuantía actual del despido improcedente. Es la segunda sentencia en contra, tras una similar por una denuncia de UGT.