Sánchez miente: borró la sedición de su plan legislativo para 2022 por no ser «prioritaria»

A principios de año, cuando el Gobierno publicó su plan normativo anual para 2022, el PSOE consideró que «no era prioritario» reformar el delito de sedición. El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, alardeó de ello en enero. Pero diez meses después, y ante la imperiosa necesidad de contar con los apoyos de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, los socialistas ahora lo priorizan y lo anteponen a un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Moncloa consideró que la reforma de la sedición no se contemplaba en los ejes estratégicos marcados para este ejercicio, entre los que está la recuperación económica y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Sí la incluyó en el Plan Normativo de 2020, en la que Sánchez prometía una modificación del Código Penal centrado en «las figuras delictivas contra el orden público y la Constitución».

Sánchez, con el objetivo de intentar engañar al principal partido de la oposición, pidió ayer a Alberto Núñez Feijóo desligar «la agenda legislativa del cumplimiento de la Constitución». Que el PP diera su apoyo al Ejecutivo para cumplir con la renovación del órgano de los jueces mientras él, por detrás, negociaba con ERC una reforma del Código Penal para favorecer a los golpistas. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, había avanzado sus planes por la mañana. Y con su anuncio había dejado al descubierto la mentira de Sánchez.

El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado es la hoja de ruta del Gobierno durante el año en curso. El negro sobre blanco del Ejecutivo sobre cómo debe ser y funcionar el país. Se trata de un documento constituido por las iniciativas legislativas o reglamentarias que los distintos departamentos ministeriales prevén elevar semana tras semana al Consejo de Ministros para su aprobación. El cuerpo ideológico y legal del Ejecutivo sobre el que Sánchez debe rendir cuentas.

Así pues, repasando el plan de trabajo que el PSOE y Podemos se propusieron para el año que estamos a punto de dejar atrás, queda claro que no había ningún compromiso por parte del Gobierno para reformar el delito de sedición. En contra de lo que ahora defienden Pedro Sánchez y sus ministros. Y es que en el Ejecutivo aseguran que la modificación a la carta de este delito, para beneficiar a los políticos catalanes, formaba parte de la agenda legislativa anual de la coalición.

De hecho, hasta que ayer Montero lo volvió a poner sobre la mesa de los grupos parlamentarios, el PSOE descartaba la opción de reformar el delito de sedición en lo que queda de legislatura. El propio Sánchez, el 12 de octubre, aseguraba en los pasillos del Congreso que «no será posible, ya que no dan los números». Una mayoría que no ha cambiado en quince días. Lo que sí ha cambiado, sin embargo, es la posición de ERC, que ha pasado de exigir únicamente la eliminación del delito a aceptar una modificación con una rebaja significativa de las penas que libre de la cárcel a los suyos.

Ese cambio de postura de los separatistas, imprescindibles para que la votación prospere, es lo que ha llevado también al Ejecutivo a mover ficha con celeridad. Ya ayer, en el avión de camino a Sudáfrica, el presidente pasó de enfriar la reforma a quererla cuanto antes. En una conversación informal con los periodistas que viajaban con él manifestó su interés en que se haga cuanto antes posible. Para alejarlo de las elecciones municipales y autonómicas y mitigar el efecto que pueda tener esta concesión a ERC en las urnas.