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El Gobierno anuncia en el debate de Presupuestos que reformará el delito de sedición que exige ERC

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Agustín de Grado
  • Agustín de Grado
  • Subdirector y responsable del Área Política en OKDIARIO. Antes jefe de área en ABC, subdirector en La Razón y director de Informativos en Telemadrid.

El Gobierno despeja dudas. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en pleno debate sobre los Presupuestos del próximo año, ha confirmado desde la tribuna del Congreso que el Gobierno presentará ante la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, como exigen los socios separatistas de ERC para que los fugados del 1-O puedan volver a España sin rendir cuentas ante la Justicia y Oriol Junqueras recuperar su habilitación para ser candidato en próximas elecciones.

«Lo traeremos a esta cámara, que tendrá que decidir sobre esta cuestión», ha afirmado Montero sin mencionar expresamente el delito de sedición, durante la segunda jornada del debate a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Naturalmente, la ministra y dirigente socialista ha garantizado que la reforma no forma parte de la negociación de las cuentas.

Sin embargo, la confirmación del compromiso del Gobierno con la reivindicación de ERC se ha producido en pleno debate sobre las cuentas públicas. Ha sido el portavoz de ERC en el debate, Joan Margall, quien ha mencionado ese delito de sedición que el Tribunal Supremo aplicó a los independentistas condenados por el referéndum ilegal de 2017. «La solución pasa por la política», ha proclamado Margall instando al PSOE a elegir si está «con el 80% de la sociedad catalana» y el mandato de distintas organizaciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa o «está al lado del PP y Vox».

La ministra Montero ha respondido al republicano que Sánchez «ha sido muy claro» respecto a su voluntad de homologar «la calificación de determinados delitos» para hacerlos coincidir con los estándares europeos. Un argumento que desmontó en su día el Tribunal Supremo, cuando advirtió que la comparación con la sedición no puede ser «semántica» y demostró que en Alemania, por ejemplo, se castiga por alta traición (con penas que van desde los 10 años hasta la cadena perpetua) al que con fuerza o amenaza de fuerza socave la existencia de la República Federal o al que actúe para cambiar el orden constitucional. La cadena perpetua también es posible en Francia para los que ataquen intereses nacionales como el de la integridad territorial.

En los pasillos, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aumentado la presión sobre el Gobierno afirmando que sí hay mayoría parlamentaria para reformar el delito de sedición, como pide su partido. Sánchez aseguró el viernes pasado, en Bruselas, que no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para acometer la reforma del delito de sedición, aunque defendió «homologar» el Código Penal con el de «las principales democracias europeas».

«Quien sepa contar sabe que es falso, que es mentira», ha dicho Rufián ante los medios en el pasillo del Congreso , subrayando que el PSOE se ha escudado en que no existe esta mayoría parlamentaria «en más ocasiones».

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