Más recortes a los empleados públicos: Sánchez se niega a cumplir el pacto de subir el sueldo de 40.000 mileuristas

empleados públicos
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Carlos Cuesta

El Gobierno socialcomunista no está dispuesto a pagar sus compromisos con los funcionarios: uno de ellos se alcanzó en el Cuarto Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado hace poco más de un año. Obligaba a Pedro Sánchez a elevar el sueldo de los 40.000 empleados públicos con menos ingresos. Todos ellos son mileuristas. El convenio se publicó en el BOE el 17 de mayo del año pasado, bajo mandato socialista. Y ahora el Ejecutivo socialcomunista ha respondido al principal sindicato del sector público, CSIF, que si no hay Presupuestos, no hay pago. Pese a estar cerrado por una norma con rango de ley y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El acuerdo de mejora salarial de estos trabajadores fue publicitado a bombo y platillo por el Gobierno en su momento. Implicaba destinar una partida de 40 millones de euros a mejorar las condiciones del personal peor pagado en la Administración General del Estado. La subida media por beneficiado se situaba en 1.000 euros al año. Y afectaba en total a 40.000 empleados públicos contratados por la fórmula laboral.

Ahora, Pedro Sánchez, pese a que no reconoce el impacto económico real del coronavirus, se prepara para incumplir su promesa a los empleados públicos ante la evidente falta de fondos en el Estado por la caída de la recaudación fiscal a causa del desplome económico del COVID-19.

CSIF ha confirmado la decisión a OKDIARIO. Y ha señalado que “lo hemos intentado todo para conseguir que la Administración cumpla lo pactado en el IV Convenio Único y haga efectivo tanto el encuadramiento de los trabajadores en categorías profesionales superiores como el pago de las retribuciones que se les adeudan”.

Los responsables del sindicato afirman que “para ello, hemos mantenido contactos permanentemente con Función Pública para procurar alcanzar una solución pactada, pero dado el tiempo transcurrido sin ningún movimiento por su parte y asumiendo que su única intención es dilatar la situación, ha llegado el momento de emprender acciones contundentes que recuerden a la administración la importancia del personal laboral de la Administración General del Estado, a quien ha relegado sistemáticamente y ahora parece haber olvidado del todo”. Desde CSIF puntualizan que “exigirán que cumpla lo pactado en el IV Convenio Único”.

Pérdidas de derechos

La ausencia de ese reconocimiento a los 40.000 mileuristas no sólo supone esas cuantías salariales: implica pérdidas de derechos en movilidad, jubilación parcial o retribuciones complementarias. La Administración, según CSIF, ha admitido que su retraso en el cumplimiento del Convenio se debe a la “falta de dinero para hacer frente al pago de los atrasos”. Por eso motivo, de hecho, el Gobierno ha pretendido ahora “introducir en el texto del acuerdo de encuadramiento un párrafo que establecía que para que este acuerdo desplegase sus efectos económicos, era necesario el informe de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto Ley 2/2020 de 12 de enero y todos sabemos lo que esa Secretaría de Estado nos ha comunicado hace unos días, que no hay dinero para pagar los atrasos del personal laboral”, señalan desde el sindicato.

La negociación de estas mejoras económicas para los empleados públicos se realizó en el mes de marzo de 2019, cuando se firmó el Convenio que ahora la Administración pretende incumplir. Y desde CSIF recuerdan que “sí existía ya informe favorable de Hacienda, ya que es un requisito indispensable para la entrada en vigor de un convenio colectivo y así se establece en el artículo 32 de la Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Y, por lo tanto, tenía que existir la partida presupuestaria necesaria para abordar los pagos de la tabla salarial comprometida ya que en esa fecha ya estaban prorrogados los presupuestos del 2018. De no ser así, estaríamos ante una evidente falta de buena fe. Al haberse prorrogado estos Presupuestos durante el 2019 y 2020 respectivamente, la partida sí tiene que existir”, señalan desde el sindicato. CSIF ha elaborado la siguiente enumeración de los incumplimientos de la Administración fruto de esta decisión. La tabla es larga y es la siguiente:

  • Anexo I Encuadramiento (un año y cuatro meses después de la firma del Convenio)
  • Anexo III del Convenio donde se establecen las tablas retributivas para el 2019.
  • Artículo 3 donde establece que los efectos económicos del Convenio regirán desde el 1 de enero de 2019 (un año y cuatro meses después de la firma).
  • Revisión del sistema de retribuciones complementarias para lo que el Convenio establece la creación de una Comisión cuyos trabajos deberían haberse llevado a cabo durante el año 2019 (disposición adicional sexta)
    Negociación prevista en el Convenio sobre las condiciones de la jubilación parcial que debe ser efectiva el 1 de enero de 2021 (disposición adicional decimoprimera).
  • Negociación de los procesos de cambios de régimen jurídico para el personal que realiza funciones reservadas por Ley a funcionarios (disposición transitoria primera).
  • Puesta en marcha del concurso abierto y permanente y otras figuras de movilidad (capítulo I del Título VII)

CSIF avisa de que «luchará con todos los medios a su alcance para defender los derechos de los trabajadores y exigirá que hagan lo que tengan que hacer para proceder al pago de los atrasos de forma inmediata”. Y de que “los trabajadores laborales de la Administración General del Estado ya han tenido suficiente paciencia y comprensión con la situación generada y esta tolerancia generosa está llegando a su fin”.

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