Más de 80 cadáveres se pudren en el Hospital Militar de Ceuta porque Marruecos no acepta la repatriación

La invasión de Ceuta ha abierto otro frente dramático: la recuperación de 88 cadáveres en el entorno marítimo de la ciudad autónoma, una crisis que, según la información recabada, habría comenzado incluso antes de la avalancha del 30 de julio. Según fuentes consultadas, algunos días antes de la invasión aparecía un cadáver; otros, dos, y en algún momento llegaron a recuperarse hasta cuatro en una misma jornada.

Así, la sucesión de personas fallecidas fue incrementando progresivamente la presión sobre unos servicios forenses cuya capacidad ordinaria resulta limitada y de la que no trascendió ningún dato hasta el asalto de finales de julio. Algo que vuelve a cuestionar si los servicios secretos sabían o no que esta avalancha humana de cerca de 80.000 personas invadiría la ciudad ceutí.

El punto de inflexión se produjo el 30 de julio, cuando, según las fuentes consultadas y que desean ser anónimas por miedo a amenazas, se alcanzó una cifra de 88 cadáveres que tuvieron que ser gestionados en Ceuta. La magnitud del volumen desbordó las posibilidades habituales de conservación y obligó a recurrir a instalaciones y medios extraordinarios. La situación adquirió entonces las características de una emergencia forense para la que la ciudad no disponía de medios preparados de antemano.

Ante la falta de capacidad suficiente, el Hospital Militar, actualmente sin actividad hospitalaria ordinaria, tuvo que ser utilizado para habilitar espacios destinados a la conservación y al trabajo sobre los cuerpos. El recinto dispone, según la información trasladada, de dos cámaras frigoríficas que fueron acondicionadas para afrontar la acumulación de cadáveres.

La respuesta inicial tuvo, sin embargo, un marcado carácter provisional. Según las mismas fuentes, durante los primeros momentos se recurrió a literas donde se hacinaban los cuerpos y equipos portátiles de refrigeración, conocidos coloquialmente como pingüinos, para intentar mantenerlos a una temperatura adecuada y retrasar su descomposición mientras se organizaba una solución con mayor capacidad. La acumulación obligó a improvisar una infraestructura que no estaba diseñada para asumir semejante volumen de fallecidos en un periodo tan corto.

El refuerzo no se limitó a las instalaciones. La situación obligó también a movilizar a forenses procedentes de distintos puntos de España, que acudieron para colaborar en las labores de identificación, autopsia y gestión de los cadáveres. De acuerdo con la información recabada, algunos de estos profesionales se desplazaron inicialmente de manera voluntaria y posteriormente recibieron, al menos, las correspondientes dietas.

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La presión sobre las instalaciones llevó además a habilitar una tercera cámara frigorífica de carácter provisional en el exterior del Hospital Militar, no sólo para la conservación de los cuerpos, sino para el trabajo de los forenses y las identificaciones. En un principio se barajó la posibilidad de que una empresa privada sufragara su coste, pero la infraestructura fue finalmente levantada por la Consejería de Sanidad. El Ministerio de Justicia se ha comprometido, según ha precisado, a correr con los gastos de dicha cámara, pero lo cierto es que hasta el momento no ha habido tal aportación.

El problema no termina con la autopsia

La dimensión del problema trasciende la propia conservación de los cuerpos. Una vez practicadas las autopsias y realizadas las primeras actuaciones destinadas a determinar la identidad de los fallecidos, aparece una segunda dificultad: qué ocurre con aquellos cadáveres que no pueden ser identificados o cuyos familiares no disponen de medios para hacerse cargo de su traslado.

La información recabada apunta a que una parte de los fallecidos procede de países del África subsahariana. Aunque todavía no se conoce el informe definitivo de los forenses, las primeras estimaciones sitúan su número entre el 20% y el 25% del total, si bien este porcentaje aún no ha sido confirmado oficialmente. En el caso de que algunos de estos fallecidos fueran de confesión cristiana —una circunstancia que todavía se desconoce—, las autoridades estarían estudiando su posible enterramiento en el cementerio de Ceuta.

A partir de ahí se abre un problema de carácter humanitario, administrativo y diplomático. La repatriación de los cuerpos requiere identificar al fallecido, localizar a sus familiares y determinar quién asume los costes y las gestiones necesarias para trasladarlo a su país de origen. Según estas informaciones, Marruecos no estaría asumiendo como Estado una repatriación colectiva de estos cadáveres y, en determinados casos, serían las propias familias las que deberían afrontar los gastos.

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Así, todo apunta a que tendrán que ser enterrados en España, es decir, en Ceuta, pero que deberán para ello habilitar suelo en distintos cementerios para este fin.

El deterioro de los cuerpos añade urgencia

La prolongación de la permanencia de los cadáveres en Ceuta introduce además un elemento de especial preocupación: la descomposición de los cuerpos. La fuente consultada advierte de que, transcurridas varias semanas desde que estos cuerpos fueron recogidos del mar, determinados cadáveres podrían haber comenzado ya a presentar signos más que evidentes de descomposición, pese al intento de adoptar medidas para su conservación.

El deterioro no es únicamente una cuestión sanitaria o logística. Puede complicar determinadas actuaciones forenses, dificultar los procesos de identificación y hacer todavía más compleja la posterior repatriación, que en ese caso no permitirían fácilmente las leyes españolas e internacionales. Cada día que pasa aumenta, por tanto, la presión sobre unos profesionales y unas instalaciones que se han visto obligados a hacer frente a una situación extraordinaria.

Cuerpos sin identificar

A esta dificultad se suma la necesidad de encontrar una salida para aquellos cuerpos que permanezcan sin identificar o que no puedan ser reclamados por sus familias. Según parece, se estaría habilitando una zona del cementerio musulmán de Ceuta para atender, llegado el caso, los enterramientos de personas de esta confesión.

También en este punto resulta imprescindible que las autoridades determinen caso por caso el procedimiento aplicable. La nacionalidad o procedencia de una persona no permite presumir su confesión religiosa y, por tanto, cualquier decisión sobre el destino de los restos debe responder a criterios jurídicos, forenses y, cuando sea posible, a la voluntad o identificación de las familias.

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La sucesión de acontecimientos dibuja así una situación que comenzó con la recuperación prácticamente diaria de cadáveres durante las dos semanas previas al 30 de julio, alcanzó un punto crítico con la acumulación de 88 cuerpos durante la invasión y obligó posteriormente a ampliar de forma extraordinaria los medios de conservación, movilizar forenses de otros puntos de España y buscar soluciones provisionales para mantener los cadáveres.

Más allá de las cifras concretas —que deberán ser verificadas oficialmente—, el episodio revela una realidad especialmente delicada: Ceuta se ha visto obligada a improvisar una infraestructura forense extraordinaria para hacer frente a una acumulación de cadáveres que supera la capacidad ordinaria de la ciudad, sin que el Ministerio de Justicia se haya implicado con rotundidad hasta el momento. La urgencia ya no se limita a recuperar e identificar los cuerpos. También afecta a su conservación, a la realización de las autopsias que faltan, a la localización de las familias y, finalmente, a la decisión sobre el destino de aquellos fallecidos que no puedan ser identificados o repatriados.