Marlaska retiró el mando de inmigración al jefe de la Guardia Civil en Canarias por alertar de las pateras

La avalancha de inmigrantes a Canarias era previsible. Y, sobre todo, constatable a la altura de los meses de mayo y junio en plena pandemia del coronavirus. Tanto, que el general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Miguel Arribas Revuelto, exigió mayores medidas de control de las pateras y mejores mecanismos de salvaguarda frente a los contagios de los agentes de la Benemérita. La respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, fue retirarle las competencias de coordinación en la lucha frente a la inmigración ilegal.

El ministro del Interior ordenó publicar en el BOE el traslado de las competencias el pasado 1 de junio. El general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Miguel Arribas Revuelto, perdía las competencias de coordinación de los esfuerzos para hacer frente a la inmigración en las islas y, en su lugar, tal y como recogió el Boletín Oficial del Estado (BOE), asumía ese decisivo papel el responsable de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, el general de División Juan Luis Pérez Martín.

De este modo, Arribas Revuelto y Canarias como foco de atracción de la inmigración llegada en pateras quedaban en un segundo plano en el diseño de los mecanismos de control de la llegada de ilegales. Así, el general Pérez Martín tomaba el mando como autoridad de coordinación en toda la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes, y también de Canarias.

El cambio de papeles coincidió con otros dos movimientos en la cúpula de la Guardia Civil. El BOE de ese mismo lunes incluyó los nombramientos de los tenientes generales Pablo Salas y Félix Blázquez como director adjunto operativo y como jefe del Mando de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, respectivamente.

Todo ello, después de la renuncia del teniente general Laurentino Ceña al puesto de número dos de la Guardia Civil tras la destitución del teniente coronel Diego Pérez de los Cobos en la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid a causa de la intromisión del Gobierno en el informe sobre las manifestaciones del 8M remitido a la Justicia.

Félix Blázquez relevó como número tres al teniente general Fernando Santafé, cesado igualmente por el ministro Grande-Marlaska.
La polémica no tardó en llegar y en señalar que la retirada de las competencias de coordinación en inmigración al general Arribas Revuelto tenía que ver con los ceses designados por el Gobierno a causa de la negativa de Pérez de los Cobos a permitir un manoseo de una instrucción judicial.

Pero, independientemente de la cercanía a ese asunto, lo cierto es que Arribas Revuelto también había cumplido con su deber de alertar del enorme peligro de la avalancha de pateras en Canarias. Y su insistencia tuvo consecuencias políticas en un Gobierno que no quiere acometer las necesarias medidas en materia de control de inmigración ilegal. El Gobierno se apresuró aquel 1 de junio a afirmar que la destitución no era sino un «cambio rutinario».

Negar lo que ocurre en Canarias

Lo cierto es que Marlaska parece haberse especializado en intentar negar lo que ocurre en Canarias. Y en hacerlo dentro y fuera de nuestras fronteras. Y, así lo demostró en la reciente visita de la comisaria europea a las islas, donde decidió mejorar la imagen de su viaje a Canarias el pasado viernes día 6 de noviembre distribuyendo a los inmigrantes ilegales de la comunidad canaria entre el resto de territorios de España, tal y como publicó OKDIARIO. La denuncia de esta operación de lavado de imagen parte del sindicato de agentes de la Policía Nacional Jupol, que ha acusado al Gobierno central de fletar «vuelos de salida apresurada» de inmigrantes alojados en estos momentos en Gran Canaria con destino a la península «para quitarlos de en medio».

Todo ello, de cara a una gran operación de imagen ante la visita que realizó el ministro a la isla. Hay que tener en cuenta que el viaje lo realizó el responsable de Interior de la mano de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. Traducido, que el ocultamiento de la situación habría tenido como objetivo el ocultamiento de la verdadera situación a la UE.

La denuncia de Jupol se complementaba con todo lujo de detalles. El sindicato de agentes asegura que se planificó todo un esquema de «vuelos de salida apresurada» de inmigrantes de Gran Canaria a la península. Que hasta media decena de vuelos diarios con destino a Madrid y Barcelona se organizaron a partir del miércoles previo y hasta el mismo viernes de la visita. Todos ello, concertados «de forma rapidísima» y con el fin de limpiar la imagen de Gran Canaria ante los ojos de la responsable europea.