El gobierno de Barcos defiende la impunidad de los agresores de Alsasua

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Marcha en Pamplona (Foto: EFE)

Unas 35.000, según la delegación del Gobierno, han participado este sábado en una manifestación en la que han pedido «justicia» para los encausados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, y han defendido que «no es terrorismo».

La manifestación, convocada por los familiares de los encausados agrupados en Altsasu Gurasoak y la plataforma vecinal Altsasukoak Aske, se celebra dos días antes del inicio del juicio, este lunes en la Audiencia Nacional. La marcha ha partido pasadas las 17.30 horas de la Plaza de Europa, junto a los cines Golem, y ha recorrido la avenida Bayona, la avenida del Ejercito, Baja Navarra, Carlos III para finalizar en la Plaza del Castillo donde se ha leído un comunicado.

La movilización ha contado con el apoyo oficial del Parlamento de Navarra que el pasado lunes aprobó una declaración institucional, con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y la oposición de UPN, PSN y PPN, en «apoyo» a esta manifestación. También se ha adherido el Gobierno de Navarra, con la presencia de su portavoz María Solana, el Ayuntamiento de Pamplona, con la participación del alcalde Joseba Asiron, así como Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, Izquierda-Ezkerra y los sindicatos CCOO, ELA y LAB.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la manifestación Edurne Goicoechea, madre de uno de los encausados, ha declarado que «este año y medio ha sido un calvario y sólo nos hemos sentido arropados por la fuerza y el cariño de la gente que hoy se está demostrando de manera palmaria». «La sensación de injusticia que estamos padeciendo es una situación que percibe la ciudadanía», ha destacado.

«No podemos permitir que jueguen con la vida de nuestros hijos con las cartas marcadas y negándoles un futuro sólo por sus intereses», ha criticado Goicoechea que ha reconocido que afrontan el juicio de este lunes «sin mucho optimismo porque nos han denegado la mayor parte de pruebas» así como la recusación de la magistrada que juzgará el caso «porque está casada con un alto mando de la Guardia Civil». «Vamos a un juicio donde al menos la apariencia de justicia no se ve», ha opinado.

De la misma manera, ha valorado la petición de Amnistía Internacional de que se retiren los cargos de terrorismo en esta causa y ha indicado que «es algo que a lo mejor el Gobierno de España se lo tendría que hacer mirar». «Quieren equipararse con una democracia homologable pero los hechos les están poniendo en la picota. Esta situación no ocurre en una democracia plena», ha asegurado.

Por su parte, el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, ha reivindicado «justicia y para que exista justicia es necesario proporcionalidad». Ollo ha destacado que la manifestación ha contado con «personas de distintas ideologías, que también tenemos diferencias a la hora de valorar estos hechos, pero hay un elemento que nos une: que estos hechos no se pueden calificar como terrorismo». «Tratando estos hechos como terrorismo se está devaluando el concepto de terrorismo», ha aseverado.

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