Madrid arremete contra la eliminación de las pruebas de recuperación en la ESO: «La Ley es un caos»

El consejero de Educación y portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez al acusar una vez más al Ejecutivo de «improvisación, caos y desorden» por la decisión en este caso del Ministerio de Educación de eliminar este mismo curso las pruebas de recuperación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

De esta manera el consejero madrileño ha señalado sobre esta cuestión que es «ejemplo más del caótico y desordenado desarrollo que está teniendo» la Ley Celaá (Lomloe), la norma «más dañina en la Historia de la Educación en España”. 

Sobre esta materia tanto Madrid como Galicia y otras comunidades del Partido Popular habían solicitado una moratoria de un año para aplicar la medida del futuro real decreto sobre titulación y promoción en la enseñanza, que preveía el fin de estos exámenes en la ESO (no así en Bachillerato).

La ministra de Educación, Pilar Alegría, se hizo eco de estas peticiones e introdujo en la norma la posibilidad de una moratoria de un año en su implementación, pero el último dictamen del Consejo Escolar del Estado rechaza esta opción por considerar que no puede haber distintos criterios en esta materia en función del territorio.

La recomendación del Consejo Escolar es de carácter «esencial», por lo tanto obligatorio.

La Lomloe entró en vigor en enero de 2021, hace dos meses que comenzó el curso y los docentes, «que ya han empezado a evaluar a sus alumnos del primer trimestre, no tienen unos criterios establecidos para ello».

«Tampoco tienen certezas de si, tal y como establece los borradores del Real Decreto que hemos conocido, deberán responsabilizarse de decidir con cuántas asignaturas se pasa de curso», afirman las fuentes, que piden retrasar la entrada en vigor de esta normativa, cuya aprobación será en el próximo Consejo de Ministros.

Según la Consejería de Educación, «en una muestra más de improvisación, el Ministerio de Educación y FP cambia las reglas del juego en mitad del partido propiciando un estado de inseguridad a los equipos directivos y de docentes. Se trata de enésimo incumplimiento del Gobierno socialista que anuncia la toma de decisiones sin tener la certeza de que se pueda llevar a cabo».

Por otro lado, la Comunidad de Madrid reitera la solicitud que hizo en septiembre de aplazar la entrada en vigor al curso escolar 2023/24 de los nuevos currículos educativos prevista para el de 2022/23 en 1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato.

Los sindicatos UGT y Stes  de la mano del Gobierno

Los sindicatos UGT y Stes creen que la medida de eliminar este mismo año los exámenes de recuperación de la ESO es acorde a los objetivos de la Ley Celaá -uno de cuyos objetivos es mitigar el fracaso escolar- y ponen el foco en la necesidad del apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje.

Tras conocerse el dictamen del Consejo Escolar del Estado, contrario a la moratoria del Ministerio de Educación para que las comunidades que quisieran aplicar esta medida lo hicieran el próximo curso, UGT cree que es una medida en consonancia con los objetivos de la Lomloe, porque se centra en evitar el fracaso escolar y en la detección temprana de problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

«Pero mucho nos tenemos que no se cuenten con los recursos necesarios que pasan por una reducción de las ratios y de la carga lectiva de los docentes para conseguir una educación más individualizada que es en definitiva, en el único contexto que tiene sentido la medida», según explican  fuentes de UGT.

Por su parte, Stes opina que lo «fundamental» del futuro real decreto de evaluación, promoción y titulación, que aprobará el próximo Consejo de Ministros, es que quien decide si pasa un alumno de curso es el equipo docente, y añade que se «deberían de garantizar los apoyos necesarios».