Los okupas a los que Colau dio 5 edificios hacen fiestas nocturnas y amenazan a los vecinos

Los vecinos de Can Vies en Sants están hartos de la permisividad de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con los okupas a los que cedió un edificio en el barrio. «Se mean en donde pillan, ya sea en nuestro portal, los garajes o el parque infantil que hay al lado»; «La música alta se puede escuchar de día y de noche. Los vecinos no podemos más»; «Ahora han puesto un bar dentro sin licencia. Todos acuden para hacer fiestas pero la policía no va a inspeccionar». Son algunos de los numerosos testimonios de los vecinos de Can Vies.

La alcaldesa Ada Colau les dio el edificio, fue uno de los cinco que dio a los okupas como ya contó OKDIARIO y ahora les permite seguir campando a sus anchas pese a arruinar la vida de sus vecinos.

Lo que algunos llaman centro social, otros lo califican como «la peor pesadilla» de su vida. Explican que en mayo de 2014 desalojaron el edificio tras 17 años okupado, sin embargo de nada ha servido para que vuelvan a celebrar fiestas ilegales con bengalas incluidas. Estos vecinos, que no quieren dar la cara por miedo a represalias, señalan que llaman a la policía «y no sucede nada». «Ada Colau permite que nos amenacen y no pasa nada», hablan a este medio indignados.

Lo cierto es que varias familias han sentido miedo de salir por el portal a la calle tras ser amenazados con gestos como si les cortaran el cuello si hablan. De nuevo vuelven a pedir una reunión con el delegado de Colau que sigue sin responder ni poner ninguna solución a los vecinos. «Les permiten hacer todo. No tienen permiso de obras, ni licencias de actividad, ni siquiera licencias del bar que acaban de construir para su propio beneficio. Tienen enganchada la luz y el agua del resto de vecinos. Se mean donde quieren e, incluso, nos amenazan con cortarnos el cuello», insisten.

En su día el propio consistorio de Barcelona hizo un balance desglosando todos los gastos que los okupas estaban costando a las arcas municipales. Un total de 415.760 euros. Los desperfectos ascienden a 209.400 euros por contenedores de basura destrozados y quemados; 107.266 euros por los servicios extra de la brigada de limpieza y 88.655 euros por los daños en el pavimento y en el mobiliario urbano.

Según los vecinos, la única respuesta del Govern ha sido retirar la acusación particular contra cuatro detenidos en el desalojo de 2014. «Forma parte del acuerdo que mantienen Junts pel Sí y la CUP», explican. «Buscamos una solución porque hasta algunos venden sus casas y no lo consiguen. Así no podemos seguir viviendo», se quejan los vecinos.

El pasado 9 de febrero desde la Concejalía de Vivienda de Colau se promovió un nuevo reglamento en el que se prevé la regulación de los pisos okupados en función de si han estado habitados más de dos años, entre uno y dos años o menos de un año. Para el presidente del Grupo Popular en el Consistorio: “Con este reglamento, la alcaldesa Colau reconoce que en Barcelona hay pisos públicos okupados, por lo que pedimos conocer el número total de estos inmuebles y qué acciones se han realizado para poner estos pisos a disposición del consistorio, sea para los solicitantes de vivienda pública de Barcelona o en la Mesa de emergencias sociales», zanjó.