La ley de ‘lobbies’ de Sánchez que excluye los negocios de Begoña salva su primer escollo en el Congreso

La ley de lobbies de Pedro Sánchez que deja fuera los negocios de la imputada Begoña Gómez en tanto no regula la figura de la pareja o cónyuge del presidente del Gobierno, excluyéndola del listado de personal susceptible de recibir influencia, salvó este martes su primer escollo en el Congreso de los Diputados.

La Cámara Baja rechazó la enmienda a la totalidad presentada por Vox al proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, la conocida como ley de lobbies, que seguirá así su tramitación parlamentaria.

No obstante, los dos principales partidos de la oposición cargaron contra el texto defendido por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Y también expresaron su rechazo otras formaciones teóricamente aliadas del Gobierno, como el BNG.

En su intervención, el diputado del PP Ángel Ibáñez criticó que «esta ley pretende poner al zorro a cuidar el gallinero» y subrayó que «el Gobierno ha estado preparando la regulación de los grupos de interés, dice que para abrir puertas y ventanas, pero mientras, lo que tenían abiertas eran las puertas de la sede del Partido Socialista para que presuntos delincuentes camparan a sus anchas por Ferraz», recalcó.

«Hablan de puertas abiertas, y esas son las que se abrían en Moncloa para que el entorno del presidente Sánchez aprovechara para encontrar trabajos ficción o para desarrollar super-cátedras sin ser catedrática», enfatizó Ibáñez en alusión a la esposa del inquilino de la Moncloa, Begoña Gómez.

«Habla el ministro, de integridad, mientras que era la mano derecha de Sánchez quien fijaba su verdadero interés en catálogos que ofrecían servicios pagados por todos los españoles y mandaban a sus gregarios a ejercer de grupo de interés negociando compra de mascarillas en lo peor de la pandemia», remachó el diputado del PP, en referencia al ex ministro José Luis Ábalos y la trama Koldo.

Por su parte, el diputado de Vox José María Sánchez calificó la propuesta de los socialistas como una «criatura abortiva» que tiene «elementos inaceptables» como la existencia de una oficina de conflictos de interés que se dice «independiente» pero que estará adscrita al ministerio que dirige el propio Óscar López.

En concreto, el artículo 3 de la nueva ley señala que tendrá «la consideración de personal público susceptible de recibir influencia el personal alto cargo (…), las personas miembro de los gabinetes que prestan funciones de confianza o asesoramiento especial (…), el personal directivo público y el resto del personal de la Administración General del Estado y de su sector público institucional que participe en la toma de decisiones públicas, en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y en la ejecución de las políticas públicas».

Pese a la polémica actividad de Begoña Gómez, estrechamente vinculada a empresas que pueden contratar con el sector público, la futura norma no afecta a los familiares de los altos cargos. Sólo implicará a quienes ostentan poder en el Ejecutivo, aquellos que tienen cargo oficial. El objetivo, por tanto, no es controlar las actividades de los cónyuges, más allá del castigo que establece la Ley del Alto Cargo para determinadas actividades que puedan suponer algún beneficio.

Esta ley considera «actividad de influencia» cualquier «comunicación directa o indirecta realizada por un grupo de interés con el personal público, con la finalidad de intervenir en los procesos de toma de decisiones públicas o en los procesos de diseño y aplicación de políticas públicas y de elaboración de proyectos normativos, desarrollada a título individual o en nombre de una entidad o grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses o de intereses de terceros, independientemente del lugar en el que se lleve a cabo y del canal o medio utilizado para ejercerla».

De esta forma, la ley dejará fuera las actividades de los familiares de los altos cargos, como Begoña Gómez, aunque éstas puedan influir en las decisiones del Gobierno.

Denuncia contra Begoña Gómez

Con relación a la Oficina de Conflicto de Intereses, lo que hace la norma ahora mismo en tramitación parlamentaria, es blanquear esta estructura y disfrazarla de independiente. La Oficina de Conflictos de Intereses continuará actuando como un organismo controlado por el Gobierno de la Nación, como denunció el PP cuando este organismo archivó el año pasado la denuncia que presentaron los de Alberto Núñez Feijóo por el caso Begoña Gómez. La mujer del jefe del Ejecutivo se encuentra actualmente imputada por cuatro delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.