La Justicia investiga los nombramientos a dedo de Marlaska para elegir a los comisarios en el exterior

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una petición de pruebas, ha exigido a la Dirección General de la Policía, bajo mando del ministro Fernando Grande-Marlaska, una serie de informes que expliquen las valoraciones, méritos o criterios que se han seguido para elegir a los candidatos de la Policía en los puestos más VIP, como son los de consejero o agregado de Interior en las embajadas o en agencias internacionales. La petición llega tras unas demandas que alertaban de»los criterios arbitrarios» de índole política o personal que supuestamente rigen la elección de determinados mandos del Cuerpo para puestos con una remuneración mensual de más de 10.000 euros.

La denuncia dirigida contra la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional hace referencia a los nombramientos de inspectores, inspectores jefes o comisarios en agencias internacionales como Europol, Interpol o Frontex sin que antes se publiquen las plazas vacantes ni se argumente la elección de un candidato sobre el resto.

Fuentes cercanas al caso hablan de la falta de transparencia que rige los nombramientos a dedo de los cargos más apetecibles y mejor remunerados de la Policía. Una práctica habitual, denuncian, por parte del Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, que usan esa potestad dando espectáculos poco ejemplarizantes como «relevos entre hermanos elegidos a dedo en algunas agencias internacionales», el presunto uso de «oscuras comisiones de servicio» para garantizar de forma irregular el puesto a determinados mandos policiales, supuestas»recalificaciones» a medida de ciertos puestos muy relevantes en el extranjero o la presunta existencia de «puertas giratorias» que funcionan para altos cargos que llevan una década alternando puestos muy cotizados en embajadas o agencias europeas de seguridad.

El caso más sangrante, en boca de estas fuentes, es el del comisario Alfredo García Miravete, jefe de la Oficina de Enlace en Europol, donde fue denunciado por acoso laboral por un guardia civil perteneciente al departamento que él mismo dirige. El proceso de la denuncia no avanza desde hace meses, mientras Marlaska está a punto de ascender al denunciado a comisario principal. Algo a lo que no podría aspirar si la denuncia finalmente prospera. Quien tiene que confirmar si los hechos denunciados constituyen delito en Países Bajos para que ésta prospere es la agencia Eurojust, de la que el denunciado fue subdirector.

Sin embargo, los jueces de Eurojust no terminan de pronunciarse a pesar de que han pasado más de seis meses desde la presentación de la denuncia. El proceso está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 2 del juez Ismael Moreno, que en noviembre volvió a solicitar, «dado el tiempo transcurrido», al magistrado de España en esa agencia europea que cuanto antes recabe de las autoridades de Países Bajos que aclaren si la conducta consistente en perjudicar profesionalmente, humillar o vejar a una persona con abuso de superioridad, está tipificado como delito en la legislación de Países Bajos. La respuesta no llega, y por tanto el comisario denunciado está a punto de ascender a comisario principal sin que llegue la respuesta del juez español que podría frustrar el ascenso.

Todos estas supuestas irregularidades con las designaciones de cargos policiales en el exterior son las que pretende erradicar la denuncia interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y para ello se apoyan en sentencias previas respecto a casos similares en la Policía que ya ganaron otros cargos policiales tras denunciar las presuntas irregularidades. Esas sentencias ya aclaraban que aunque se trate de puestos de libre designación, los ceses y los nombramientos, no pueden escapar del control legalmente establecido, con un procedimiento justo y  una concurrencia igualitaria de los requisitos exigidos a los aspirantes. Es decir, que aunque sean cargos elegidos «a dedo» en la Policía de Marlaska deben ser nombrados dentro de un sistema de elección justo atendiendo a los méritos y a la capacidad de los inspectores o comisarios que se presenten y no según otros «criterios» opacos.

Se deben publicar las vacantes con los requisitos para que se presenten todos los comisarios que aspiren al cargo y se deben motivar y argumentar los nombramientos para cada uno de los cargos. Algo que, según los denunciantes y las fuentes policiales consultadas, se sigue ignorando por parte del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska heredando un sistema que hasta el momento nadie ha querido actualizar.

Por todos estos motivos, la Sala de lo Contencioso aceptó la petición de prueba de los denunciantes y ha comenzado a investigar si los nombramientos a dedo de inspectores y comisarios en puestos internacionales durante la última década se ajustan a la legalidad. Para ello ha exigido una cantidad ingente de documentación a la Policía.

Las mismas fuentes puntualizan que en los últimos meses y tras las reiteradas demandas de transparencia, la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional ha remitido a la juez parte de la documentación solicitada en la investigación. Igualmente se han publicado con cuentagotas algunas de las vacantes, aunque la mayoría de ellas tampoco reunirían la condiciones legales y, por ello, se encuentran también recurridas.