El juez de ‘Pegasus’ duda que el móvil de Aragonés fuese espiado y pedirá una pericial a la Policía

El juez del caso Pegasus, Santiago García, pedirá un informe pericial informático sobre el presunto espionaje del móvil del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, por parte del CNI. El líder catalán presentó una pericial de parte privada en la que se evidenciaban los pinchazos a su teléfono móvil, pero el juez quiere que se haga un informe público por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona que instruye la causa tratar así de comprobar si las fechas en las que el móvil fue espiado coinciden con las autorizadas por el Tribunal Supremo. 

Continúa la instrucción de Pegasus y el juez ordenará nuevas diligencias para tratar de averiguar si se incurrió en un delito de intromisión ilegítima en el teléfono móvil del presidente catalán. El juez instructor ordenará en primera instancia a los Mossos d’Esquadra que se encarguen de elaborar esta pericial informática en la que se analizará cuándo fue pinchado el móvil de Aragonés. Si los agentes catalanes no tuvieran medios para conseguir esta información, la pericial se encargaría a los efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil que analizarían desde Madrid el teléfono del presidente autonómico.

El propio Aragonés ha declarado en sede judicial que tiene en su posesión el terminal móvil que presuntamente fue infectado por el CNI. La entonces directora de este organismo, Paz Esteban, aceptó estos hechos en sede parlamentaria cuando se celebró en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre este asunto. No obstante, señaló que las escuchas fueron autorizadas por orden judicial. Esteban es una de las imputadas en el caso y ya ha prestado declaración ante el juez durante esta primera fase de instrucción.

Informe pericial perdido

El juez de Pegasus quiere que la policía investigue los accesos al móvil de Aragonés aunque el hoy presidente de la Generalitat presentó en el juzgado un informe informático que demostraba estas escuchas por parte de los organismos de inteligencia del Estado español. Este documento fue aportado a la querella contra el CNI que interpuso el dirigente catalán. 

Sin embargo, este informe estuvo perdido durante más de un año, según fuentes consultadas cercanas a la causa. La pericial se traspapeló en el juzgado de Barcelona que finalmente acabó por encontrar este documento que la defensa de Aragonés considera clave para la investigación. No obstante, al ser una pericial de parte elaborada por una empresa privada, el juez no la tendrá en cuenta. El instructor quiere una pericial pública.

Escuchas con ‘Pegasus’

Las escuchas por parte del CNI a Pere Aragonés no son un caso aislado y el presidente de Cataluña no es el único líder independentista que ha denunciado estas prácticas. Los agentes de inteligencia -con previa autorización judicial- pueden pinchar teléfonos para realizar investigaciones y mantener así la seguridad nacional.

Fuentes expertas en la materia señalan que la autorización a intervenir las comunicaciones de Aragonés se basaba en hechos concretos y no en su ideología. De hecho, el CNI solicitó estas escuchas porque tenían sospechas de su vinculación con los CDR, grupos de independentistas radicales que llegaron a fabricar explosivos durante los momentos más tensos del procés. Los agentes de los servicios de inteligencia creían que era el líder catalán quien les dirigía.

El Gobierno avaló las escuchas

La Ley Orgánica de 2002 que regula el control judicial previo del CNI estipula claramente que «el secretario de Estado directo del CNI deberá solicitar al Tribunal Supremo autorización sobre medidas del secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro». 

La citada Ley explica que el alto cargo del Centro, organismo del Ministerio de Defensa y, por tanto, del Gobierno de España, debe presentar al Supremo «solicitud mediante escrito que contendrá: las medidas concretas que se solicitan [los pinchazos al móvil], los hechos en que se apoya la solicitud, los fines que la motivan, las razones que las aconsejan, la identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, la designación del lugar donde hayan de practicarse y la duración de las medidas solicitadas». Y así fue, según fuentes solventes: el Gobierno avaló las escuchas a Aragonés por las que el presidente catalán se ha querellado en los tribunales.