El Supremo autorizó las escuchas del CNI a Aragonés con el aval del Gobierno de Sánchez

Los tres autos judiciales del Tribunal Supremo desclasificados por el Consejo de Ministros autorizan la interceptación de comunicaciones por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Pere Aragonés con el aval del propio Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo esconde que marcó sus prioridades en materia de Seguridad Nacional y eso respalda la decisión judicial. Fuentes consultadas por OKDIARIO que han tenido acceso a esos tres autos que reclama el independentismo aseguran que la decisión del Supremo tuvo en cuenta que los hechos señalados por el CNI ligados a Aragonés eran susceptibles de ser calificados como delitos, que era un caso relevante a ojos del Alto Tribunal y que encajaban en la hoja de ruta del Consejo de Ministros sobre amenazas a controlar.

Las fuentes consultadas expertas en la materia señalan que la autorización a intervenir las comunicaciones de Aragonés se basaba en hechos concretos y no en su ideología. La Ley Orgánica de 2002 que regula el control judicial previo del CNI estipula claramente que «el secretario de Estado director del CNI deberá solicitar al Tribunal Supremo autorización sobre medidas del secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro». 

Entre esas funciones –que Sánchez reconoce que «marca»– en 2018, tras la moción de censura que impulsó el PSOE contra Mariano Rajoy, estaba preservar «la integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Aragonés ratificó ante el juez de Barcelona del caso Pegasus que el CNI le espió entre 2018 y 2020. Es decir, tras la primera investidura de Pedro Sánchez. En ese momento el PSOE gobernaba en solitario. Luego llegaron las elecciones generales de abril y de noviembre de 2019. Tras ellas, la aritmética forzó a Sánchez a negociar con Podemos y con los independentistas, para armar la mayoría de la investidura del 7 de enero de 2020.

La citada Ley de control judicial previo del CNI explica que el alto cargo del Centro, organismo del Ministerio de Defensa y, por tanto, del Gobierno de España, debe presentar al Supremo «solicitud de autorización mediante escrito que contendrá: las medidas concretas que se solicitan [los pinchazos al móvil], los hechos en que se apoya la solicitud, los fines que la motivan, las razones que las aconsejan, la identificación de la persona o personas afectadas por las medidas, la designación del lugar donde hayan de practicarse y la duración de las medidas solicitadas».

Tres prórrogas

La ley estipula que el Supremo puede autorizar afecciones a la inviolabilidad del domicilio que no superen las 24 horas –lo que no es el caso– y «la interceptación de las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas o de cualquier otra índole por duración de tres meses, plazo prorrogable por sucesivos períodos iguales en caso de necesidad». El Supremo autorizó la petición del CNI una vez contra Aragonés y otros independentistas en 2018 pero posteriormente en otras dos ocasiones. En total, tres veces que confirma que fue el Gobierno de Sánchez quien, desde el CNI, trató de frenar al secesionismo.

Las fuentes consultadas subrayan, por otra parte, que la ley habla de «interceptación de las comunicaciones telefónicas». Por tanto, no se autoriza expresamente el uso del polémico software israelí Pegasus que permite acceder a todos los contenidos de un móvil. El CNI tenía el visto bueno del Supremo para, en el método clásico, requerir a la operadora telefónica para pinchar los móviles de los sospechosos.

En esas fechas, el grupo violento Tsunami ya preparaba acciones contra la sentencia del procés en el Supremo. A la postre, cortes de carreteras principales y el bloqueo del aeropuerto de El Prat en octubre de 2019.

Ahora, el independentismo lleva varios años agitando el Catalangate, un supuesto escándalo por el cual España hizo una persecución ideológica que no fue tal. Se impulsó bajo el mando de Sánchez y se basó en decisiones judiciales del Supremo que ya han sido analizadas. La comisión de secretos oficiales del Congreso, en la que están los partidos independentistas, analizó los autos desclasificados que no contienen información muy detallada de los hechos investigados por el CNI. También el Defensor del Pueblo hizo un informe para validar las actuaciones en este caso.

Sin embargo, ahora Aragonés ha conseguido abrir un procedimiento en el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona. Ahí el juez ha impulsado la desclasificación. El CNI, tras el acuerdo del Consejo de Ministros, tendrá que remitir los tres autos a ese juez. Tras ello, las voces pulsadas prevén que el juez valore que todo se hizo correctamente y archive la causa en la que se investiga a Paz Esteban, ex directora del CNI.

Documentos sin valor judicial

Otra clave es que, más allá de los autos judiciales, los documentos elaborados a posteriori por el CNI no tienen valor en un procedimiento judicial, tal como se ha fijado en jurisprudencia previa. Además, la ley estipula que «el secretario de Estado director del CNI ordenará la inmediata destrucción del material relativo a todas aquellas informaciones que, obtenidas mediante la autorización judicial, no guarden relación con el objeto o fines de la misma». Por lo que el material de los espías podría ser muy escaso si es que alguna vez ve la luz.

Como telón de fondo están los diferentes casos ligados al CNI y a su predecesor, el CESID, donde hubo más desclasificaciones. Previamente se dictaron varios autos de la Sala Tercera del Supremo que establecieron que la denegación de desclasificación por parte del Gobierno puede ser tumbada por el Alto Tribunal. Fue en 1997, cuando la Audiencia Nacional pedía desvelar documentos ligados a los GAL.

Otras desclasificaciones

Posteriormente se dieron una decena de casos similares. Entre otros, se destaparon papeles ligados al atentado del 11M, a vuelos de aviones de la CIA en España con posibles terroristas, a un accidente de un helicóptero en Afganistán en el que murieron 17 militares españoles, al primer espía español que entró en prisión por comerciar con documentos del CNI con Rusia, a expedientes de desaparecidos en Argentina y al robo de documentos al ex tesorero del PP Luis Bárcenas (la operación Kitchen).