Sánchez supo en 2018 por Sanz Roldán que el CNI investigaba a los separatistas bajo tutela de un juez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en el disparadero al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en su intento por quitarse de encima el supuesto espionaje a líderes separatistas del procés mediante la herramienta informática Pegasus. Moncloa anuncia una investigación interna en el CNI y deja al servicio secreto al alcance de las iras de las fuerzas separatistas en el Congreso, y todo a pesar de que Sánchez conocía, desde su llegada al poder, que una de las líneas de trabajo en marcha de los espías españoles era el separatismo radical catalán.

Una de las primeras cosas que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, tras su toma de posesión posterior a la moción de censura contra Mariano Rajoy, fue sentarse con los distintos representantes de la seguridad del Estado. Uno de los contactados en esas primeras rondas fue, precisamente, el entonces secretario de Estado director del CNI, Félix Sanz Roldán. También participó en aquel encuentro la recién nombrada ministra de Defensa, Margarita Robles. En los preparativos de aquel encuentro participaron altos funcionarios del Gobierno saliente del Partido Popular, involucrados en aquellos días en el traspaso de poderes a la nueva Administración socialista.

Sánchez fue informado, puntualmente, de las líneas de acción que tenía en marcha en esos momentos el Centro Nacional de Inteligencia. «De las líneas, no de los métodos. Al Ejecutivo no se le informa de los medios con los que el servicio obtiene su información, a no ser que se pregunte explícitamente por ello», explican a OKDIARIO fuentes de la inteligencia española.

Pedro Sánchez, al corriente

Así, Sánchez fue puesto al corriente de actividades e investigaciones que el CNI tenía en marcha para controlar posibles planes terroristas de origen yihadista en España, el estado de la seguridad concerniente a embajadas españolas en el extranjero, las amenazas híbridas procedentes de Rusia, información sobre la situación de tropas y bases españolas en zonas de operaciones extranjeras y también riesgos internos. El más importante, en aquel momento, el procés catalán, que menos de un año antes había traspasado todas las líneas rojas impulsando un referéndum ilegal y articulando toda una legislación paralela para acometer una secesión territorial de forma unilateral.

También había motivos para la preocupación ante una escalada de la violencia en los métodos empleados por el separatismo: en aquel momento, la seguridad del Estado ya había comenzado a investigar a un grupo de personas dispuestas a cometer actos terroristas para facilitar la independencia. La conocida como operación Judas, que llevaría a la Guardia Civil a detener a nueve integrantes de los denominados Equipos de Respuesta Táctica. Una especie de comando de élite de los Comités de Defensa de la República. Paralelamente, aunque no se conocía aún en aquel momento, comenzó a gestarse el denominado Tsunami Democràtic que puso en jaque a Cataluña tras la publicación de la sentencia condenatoria a los presos del procés.

Visita al CNI en 2019

El Gobierno de Sánchez, tras esos primeros encuentros con Sanz Roldán, decidió mantener la confianza en él como director y dejarle en el puesto durante dos años más, hasta febrero de 2020. No sería la última vez que Sánchez, explican las fuentes consultadas, sería informado en persona de este tipo de actividades. Volvió a ocurrir en enero de 2019, cuando Sánchez visitó con Robles el cuartel general del servicio de inteligencia, donde mantuvo reuniones de trabajo con su director y con agentes.

Pese a haber sido puntualmente informado de lo que se cocía en aquel momento en los despachos del CNI, con la vista puesta en evitar un nuevo desafío ilegal del separatismo, Sánchez ha decidido ahora poner en el disparadero al servicio de inteligencia. El Gobierno le ha prometido a sus apoyos separatistas en el Congreso -principalmente a ERC- una investigación interna en profundidad en el servicio secreto, la entrada por la puerta de atrás a la comisión de secretos oficiales del Congreso, un informe del Defensor del Pueblo y, casi con total seguridad, futuros ceses en el CNI.