Sánchez se abre a la caza de brujas en el CNI: desclasificará el uso de Pegasus contra el golpismo catalán

Entre lo pactado por PSOE y Junts para investir presidente a Pedro Sánchez figura la creación de una nueva comisión sobre Pegasus, la herramienta informática espía que el CNI utilizó -previa autorización de un juez- contra una lista de 18 separatistas vinculados con la causa de Tsunami. Los separatistas denunciaron que en realidad eran 65. Con la creación de una nueva comisión de investigación, el Gobierno de Sánchez abre la puerta a desclasificar informes claves para el CNI con los que el separatismo intenta deslegitimar el llamado lawfare supuestamente lanzado contra ellos por la justicia española.

El Gobierno de Sánchez entregó al separatismo la cabeza de la directora del CNI tras aquella comisión sobre Pegasus a puerta cerrada en el Congreso, en la que no se llegó a revelar los métodos y detalles de aquella operación de inteligencia. Pero, a cambio de esos 7 votos, el Ejecutivo ahora sí está dispuesto a que el CNI entregue a los diputados los informes que le requirieron en su día.

Tanto ERC como Junts quedaron poco satisfechos de aquella comisión de 2022, que no fue como tal una comisión de investigación sino una rendición de cuentas. Paz Esteban, en el disparadero de los independentistas, salvó los muebles mostrando a los diputados allí presentes las órdenes judiciales con las que el CNI inició el espionaje a 18 personas señaladas por la operación Tsunami. Nada más: ni métodos, ni detalles técnicos sobre las entradas a dispositivo, ni mucho menos la identidad de los agentes que las llevaron a cabo. Todo eso es secreto de Estado. Pero sólo de momento.

Nueva caza de brujas

Cuando la ahora ex directora del CNI, Paz Esteban, salió de la comisión de secretos oficiales tras dar cuenta del espionaje, en el servicio de inteligencia respiraron aliviados. Habían conseguido esquivar la caza de brujas que se cernía sobre el CNI. Por el camino quedó la propia directora, destituida por Moncloa para darle al separatismo una cabeza que exhibir.

El gobierno argumentó entonces que la salida de Esteban estaba relacionada con el espionaje de Pegasus a Sánchez, cuando la realidad es que esa seguridad dependía del departamento de Félix Bolaños y cuando el CNI había advertido por activa y por pasiva de los riesgos de estos software espía sobre altas personalidades del Estado.

Pese a todo, quedó cerrada la crisis del llamado Catalangate, que según un informe de parte elevaba de 18 a 65 los espiados -entre ellos, Carles Puigdemont o Quim Torra-. Pero cerrada en falso, ya que el pacto sellado este jueves entre PSOE y Junts abre de nuevo la puerta a una comisión sobre Pegasus. Y esta vez, como exigen las fuerzas separatistas, con total luz y taquígrafos sobre lo ocurrido. Aunque por el camino se desvele información sensible para el servicio secreto.

Sánchez los puede desclasificar

En esa nueva comisión, que el PSOE y Junts comenzarán a negociar en sus conversaciones de Ginebra, «volverán a llamar a la nueva cúpula del CNI para que den las explicaciones que les reclaman los [partidos] independentistas», señalan fuentes de la inteligencia española alertadas por esta jugada política. Y esta vez, asumen, exigirán «documentos».

Hacen referencia, explican, a los informes operativos en los que quedan reflejadas las entradas en los dispositivos a través de la herramienta Pegasus o cualquiera de las otras que utiliza el CNI, y también algunos cuerpos policiales. Se trata de informes bajo clasificación.

La clave de lo que ocurra en un futuro está en una ley franquista de 1965, la que establece aún hoy, casi sesenta años después, los plazos de desclasificación y quién tiene la potestad de hacerlo. Sobre los plazos, la ley no dice nada. Sobre quién tiene la capacidad última de decidir su desclasificación, sí: es Pedro Sánchez. Ni siquiera un juez puede pedir la desclasificación de esos documentos sin pasar por el Consejo de Ministros y Moncloa. Sánchez tiene la última palabra ante cualquier informe reservado, incluidos los de Pegasus.

El separatismo y Pegasus

El uso de la herramienta Pegasus siempre ha sido una amenaza de primer orden para Carles Puigdemont y su equipo. El objetivo final de la campaña del Catalangate es neutralizar el uso de este tipo de métodos, capaces de burlar los protocolos de seguridad y el uso de aplicaciones encriptadas a las que ha recurrido el separatismo catalán para coordinarse.

Muestra de ello fueron las pruebas presentadas en la causa Vohol por la Guardia Civil, y que permitieron que el juez autorizase la detención de 21 personas implicadas. Esas pruebas fueron entregadas por el CNI a los miembros del equipo del teniente coronel Daniel Baena, el mando policial que dirigía la investigación de Vohol desde la primavera de 2019 por encargo del juez Joaquín Aguirre.

Los agentes de la Guardia Civil y el juez conocían así, de antemano, las reveladoras conversaciones de Whatsapp que mantenían Alay y Boye sobre la estrategia a seguir en el acercamiento a los rusos para obtener su apoyo a la independencia. Unas conversaciones que, tras las detenciones practicadas en octubre, aparecerían en el volcado del material del teléfono móvil de Alay y que reprodujo en su momento OKDIARIO.

En ellas, por ejemplo, se hablaba de los nexos con Bielorrusia, del apoyo explícito al espía Edward Snowden o de lo inoportuno de mencionar en público a Alexei Navalny, el abogado ruso opositor de Putin encarcelado en Rusia.