Sánchez negociará con Bildu y ERC «medidas de control» sobre los jueces, policías y el CNI

ERC, Bildu y el BNG han registrado este jueves en el Congreso la comisión de investigación sobre el espionaje con el programa Pegasus a los líderes separatistas entre 2017 y 2020. Se trata de una de las exigencias de los separatistas al presidente del Gobierno pactada en agosto para hacer presidenta de la Cámara Baja a la socialista Francina Armengol. Pedro Sánchez cede y extiende así el control sobre jueces, policías y CNI.

Los socios reclaman que se depuren «responsabilidades» sobre «el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados», pero, además, en uno de sus puntos, ya avanzan que propondrán «las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado». Pedro Sánchez alienta así en el Congreso el control y la fiscalización del trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros actores que separatistas y proetarras engloban en «la fuerza del Estado», como jueces o policías, a fin de limitar sus actuaciones bajo el pretexto de proteger «los derechos civiles y políticos».

Reforma del CNI

La ambigüedad en este enunciado abre la puerta a que Pedro Sánchez y sus socios establezcan un control y limitaciones a futuras investigaciones. Todo ello lo negociará el presidente socialista con los aliados que han facilitado su investidura.

Cabe recordar que el PNV ya presentó hace unos meses su propuesta para reforzar el control judicial y político del CNI para vigilar sus actuaciones. En diciembre, el Congreso rechazó la iniciativa, con el voto en contra del PSOE, aunque los socialistas admitieron que reformar las leyes que regulan los servicios de Inteligencia es una prioridad en la que el Gobierno «está trabajando» y que «lo deseable» sería «un texto que emane del Poder Ejecutivo». De hecho, en mayo del año pasado, en pleno escándalo de Pegasus, el propio Pedro Sánchez anunció en el Congreso una reforma de la ley del CNI para reforzar su control.

El PNV ha vuelto a registrar en su propuesta para debatir en la nueva legislatura. Reclaman que sea un órgano judicial colegiado -formado por tres magistrados y no únicamente un juez del Supremo- el que conozca y autorice previamente las actuaciones del CNI. La ley busca limitar al máximo el trabajo de los servicios secretos, ya que las actuaciones de espionaje no podrán llevarse a cabo si los jueces no las autorizan por unanimidad, expresada en un máximo de 72 horas.

Los magistrados tendrán que saber a quién se va a espiar, por qué, durante cuánto tiempo y con qué medios. Además, los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales podrían conocer no sólo las actuaciones del CNI, sino también sus herramientas, algo que actualmente es ilegal. También se pide que la propuesta del director del CNI emane del presidente y no de un ministro, como ocurre ahora (Defensa).

Comisión de investigación

La comisión de investigación sobre Pegasus que se constituirá en el Congreso tendrá por objetivo «depurar responsabilidades» por este caso. Cabe recordar que el Gobierno fulminó a la directora del CNI Paz Esteban tras afirmar que se espió a 18 líderes independentistas, con autorización judicial del Tribunal Supremo. Actualmente, el caso está judicializado. Sin embargo, los socios de Sánchez pretenden convertir el Congreso en un foro para denunciar el lawfare, la supuesta persecución judicial con la que atacan a los poderes del Estado, y forzar mecanismos de control.

En la exposición de motivos, los aliados del presidente socialista alegan -basándose en una investigación de Citizen Labs, cuya credibilidad ha sido puesta en duda-que hasta 65 independentistas catalanes y vascos fueron espiados con los programas informáticos Pegasus o Candiru. Ente ellos, el presidente catalán Pere Aragonés, así como Carles Puigdemont, Arnaldo Otegi, Quim Torra, Marta Rovira o Laura Borrás.

Según la propuesta, en el plazo de seis meses la comisión debe «conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales, conocer la presunta responsabilidad y el mal uso de las estructuras técnicas en el conjunto de los departamentos ministeriales y la vinculación de dichas estructuras con el espionaje, y conocer al detalle todas las actuaciones del Ministerio de Exteriores en relación a las investigaciones llevadas a cabo de manera presuntamente ilegal, sin estar sub judice, de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero».

También hay que «conocer los contratos, costes y procesos de contratación para el presunto desarrollo y/o compra del software Pegasus u otras herramientas usadas para el espionaje por parte de los estamentos oficiales, e investigar todas aquellas iniciativas llevadas a cabo desde las instituciones del Estado, a fin y a efecto de perseguir la disidencia política».

Por último, exigen «medidas de resarcimiento a todos aquellos afectados por las investigaciones ilegales, así como la asunción de las responsabilidades que se deriven del mal uso de las estructuras gubernamentales».