El juez del ‘caso Koldo’ dice que no hay «motivos bastantes» para imputar a José Luis Ábalos

El juez que investiga el caso Koldo considera que «a día de la fecha no existen motivos bastantes» para solicitar al Tribunal Supremo la imputación del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que se encuentra aforado al ser diputado del Grupo Mixto en el Congreso. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechaza de esta forma la petición que realizó Iustitia Europa, que ejerce como acusación popular en la causa, pidiendo que se elevase una elevase una exposición razonada al Tribunal Supremo con el objetivo de investigar a Ábalos.

El magistrado que investiga la adjudicación de una serie de contratos públicos de mascarillas que se realizaron en plena pandemia explica, en un auto emitido este lunes, que todavía se deben practicar varias diligencias de investigación, como la ronda de declaraciones de testigos e investigados prevista esta semana o informes policiales sobre el volcado de dispositivos intervenidos. Por tanto, el juez estima que «a día de la fecha no existen motivos bastantes para elevar exposición razonada» al Supremo, «sin perjuicio de lo que pudiera resultar en un futuro, como consecuencia de las diligencias que se practiquen y del devenir de la instrucción».

Ismael Moremo acoge así el criterio que expuso el fiscal anticorrupción Luis Pastor, que tampoco vio «suficientes indicios que pudieran amparar» al juez para pedir al Supremo investigar a José Luis Ábalos. Lo que sí ha aceptado el magistrado es la petición de otra de las acusaciones, Liberum, de citar como testigo al director financiero y de control de Adif, Manuel Fresno, el próximo 16 de septiembre.

Esta misma semana el juez de la Audiencia Nacional tiene previsto interrogar como investigados a dos ex altos cargos de organismos dependientes del Ministerio de Transportes: el ex director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa. También está prevista la declaración de diversos testigos, como el directivo de Globalia Javier Hidalgo o varios altos cargos de Puertos del Estado.

La última declaración programada, ya el 23 de septiembre, es la del ya ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro Óscar Puente hace unas semanas.

La Fiscalía cree que los tres ex altos cargos investigados ejercieron «ciertas presiones» sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas «sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación» a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación.

«Ábalos abusó de su cargo»

Iustitia Europa, que ejerce como acusación popular en el caso Koldo, pidió al juez imputar a José Luis Ábalos, después de haber incorporado a la causa la auditoría interna que el actual titular de Transportes, Óscar Puente, encargó sobre este caso de corrupción que investiga la compra de material sanitario, como las mascarillas, durante la pandemia. La entidad defendió que existen indicios «racionales y suficientes» para la imputación del ex ministro socialista de Transportes por los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude administrativo.

«No puede pasar un segundo más sin que Ábalos sea imputado en la causa ante la Audiencia Nacional, porque el informe de la auditoría del Ministerio de Transportes señalaba decenas de evidencias de que ‘las decisiones y conocimiento eran a nivel ministro, de gabinete del ministro, habilitado por el ministro, con conocimiento del ministro, avalado por el ministro, que dichos movimientos se realizaban al más alto nivel de ministro y que, en definitiva, las decisiones se tomaban a nivel ministro’», afirmó Iustitia Europa en un comunicado.

La entidad resaltó que, una vez inducida la adjudicación a Soluciones de Gestión , «ésta se prostituyó, a través del fraude consistente en encargar al único contratista, arbitrariamente elegido, que debía procurar las condiciones por él ofrecidas». Además, puso énfasis en que indiciariamente se desconoce el destino de millones de mascarillas y, por tanto, de millones de euros de dinero público, «al no constar actas, albaranes o comprobantes de entrega de las mismas».

«Partiendo de estas evidencias, existen indicios de que el señor Ábalos, indiciaria y presuntamente abusando de las funciones de su cargo y actuando de forma desleal sobre el patrimonio administrado, dispuso de aquél sin realizar valoración objetiva alguna a la hora de adjudicarle los contratos, indebidamente, a Soluciones de Gestión, con un claro perjuicio al erario público de todos los españoles», esgrimió el escrito.

La presunta trama de corrupción habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas. Recibe su nombre de Koldo García, que era ayudante del entonces ministro Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los investigados presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.