La contra-auditoría de Ábalos acusa a Puente de inventar ilegalidades «que no vio el Tribunal de Cuentas»

El informe encargado por el equipo jurídico del ex ministro José Luis Ábalos trata de desmontar punto por punto la auditoría de Óscar Puente. El documento, de 41 páginas, expone que el Tribunal de Cuentas no localizó irregularidades en la compra del material sanitario en los contratos que ahora investiga la Audiencia Nacional. El ex ministro traslada en el informe pericial firmado por una experta en la materia que la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas «es una revisión más amplia y profunda que abarca no sólo la verificación financiera, sino también la evaluación de la eficiencia y eficacia. Esta función es externa, permanente y se realiza de manera continua». Por el contrario, la auditoría realizada por la Dirección General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes «carece de finalidad al existir la fiscalización del año 2022 por el Tribunal de Cuentas». Si el Tribunal de Cuentas encontró errores formales en la contratación, se enmarcan, dice el texto, en una situación de crisis sanitaria sin precedentes.

Por otra parte, el informe de auditoría encargado por Ábalos lamenta que el ministerio no ha tomado declaración al ex ministro y otros muchos altos cargos que quedan señalados. Se trata de una caza de brujas en la que no se trasmiten los derechos a los investigados que lo han sido sin su conocimiento. También se afea que no se ha informado en el BOE de la puesta en marcha de esta actuación, lo que hubiera dotado el procedimiento de garantías y transparencia.

Igualmente se reprochan multitud de expresiones que se hacen «sin suficiente respaldo» en datos. También se «usan adjetivos calificativos inapropiados». «La falta de objetividad es evidente y hay ambigüedades», zanja la abogado perito. La auditoría de Puente contra Ábalos usa fórmulas como «parece evidente…», «probablemente…», «pudiera parecer…», «no puede menos que llamarse la atención…», «entendió que…», entre otras. Son fórmulas vagas a pesar de que una auditoría debería tener pruebas para ser directa y contundente en todas sus afirmaciones.

Otro de los elementos que saca a relucir el informe de Ábalos es que la auditoría «se encarga en un escenario político comprometido judicialmente y 4 años después de las compras».

Igualmente, entrando en el fondo de los contratos la abogado perito concluye que «los precios de mercado fueron por debajo de la media» y que «el número de unidades adquiridas fue ajustado». «La auditoría tiene ausencia de independencia, objetividad y evidencia suficiente», concluye el documento que se ha realizado a contrarreloj por un equipo con experiencia que ha reducido sus horas de sueño en los últimos días para presentar un informe serio al juez Ismael Moreno.

Personación como perjudicado

Ábalos, además de presentar el informe contrario a la auditoría, pide a la Audiencia que le den por personado en el caso Koldo como perjudicado. Considera que no paran de publicarse informaciones que dañan su imagen. Alega que, aunque por ahora no está siendo investigado, siguen apareciendo informaciones que lo afectan personalmente. Afea que la auditoría interna «deliberadamente» fue publicado por el ministerio. Considera que su difusión pública es «inapropiada».

Según su criterio, la auditoría interna realizada por el Ministerio en febrero de 2024 es una acción instrumental destinada a atribuirle responsabilidades de manera exclusiva. Debido a que el juez Moreno planea incorporar este informe a la causa, Ábalos considera que el documento, carente de «legalidad y legitimidad», lo afecta directamente y tiene el único propósito de perjudicarlo.

Adjunta en su escrito al juez la citada pericial a la auditoría del ministerio. Remarca que ese examen interno de Puente no cumple con los principios fundamentales de objetividad e imparcialidad debido a sesgos evidentes. Afirma que las argumentaciones carecen de justificación adecuada y el contenido es subjetivo, lo que compromete su fiabilidad.

La auditoría, sostiene, no aplicó los principios básicos, como independencia, objetividad y evidencia suficiente. Además, critica la falta de documentación que respalde los hallazgos y conclusiones, y señala deficiencias en la ausencia de protocolos documentados para la investigación y en la selección de las personas interrogadas.

El informe también destaca que no se informó a las personas interrogadas sobre la naturaleza de la investigación o sus derechos, y que no se incluyeron testimonios de personas clave que ocupaban cargos de alta responsabilidad en el Ministerio durante la contratación de mascarillas. Finalmente, señala que las declaraciones vertidas en la auditoría no han sido contrastadas ni acreditadas.