El juez del ‘caso Koldo’ permite que la Abogacía del Estado defienda a un alto cargo y acuse a la vez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama permite, por el momento, que la Abogacía del Estado defienda a un alto cargo investigado en el caso Koldo y acuse a la vez. Según una providencia fechada a 21 de agosto y en posesión de este periódico, el juez aprueba que la Abogacía del Estado actúe en defensa de Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible. Las acusaciones populares ejercidas por la asociación Liberum y los partidos políticos Vox y PP se opusieron. También la Fiscalía Anticorrupción alertó de la posible «incompatibilidad» en que la Abogacía defendiese al número 3 de Transportes. En concreto, el Ministerio Público avisó al juez de que la situación se produciría si también se persona como acusación por presuntos los delitos fiscales cometidos por la trama. 

El juez que asume el caso Koldo durante el periodo vacacional de agosto en la Audiencia Nacional ha dado luz verde a que la Abogacía del Estado defienda a Jesús Manuel Gómez tal y como se acordó por providencia el pasado 9 de agosto. «Se acuerda la personación de la Abogacía del Estado para actuar en defensa y representación del investigado Jesús Manuel Gómez García, sin perjuicio de lo que proceda acordar si a lo largo de la instrucción se produce un conflicto de intereses de comprobarse la eventual existencia de un delito contra la Hacienda Pública», matiza el magistrado.

José Luis Calama también requiere que la Abogacía del Estado aporte la autorización de la Dirección General de lo Contencioso que habilita a la Abogacía del Estado para asumir la defensa del investigado Jesús Manuel Gómez en el caso Koldo. Dicho documento será aportado al sumario de la causa. La providencia recoge además que la Agencia Tributaria tendrá que determinar la existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal de 2020 por parte de las personas físicas y empresas investigadas. 

Altos cargos investigados

El juez Ismael Moreno decidió imputar el pasado mes de julio a dos altos cargos del Ministerio de Transportes en el marco de la investigación del caso Koldo, que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Lo hizo tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción a hacerlo en el mes de mayo. El Ministerio Público se basó en un informe de la UCO según el cual Jesús Manuel Gómez, otro alto cargo y otros responsables que ya no están en Transportes pudieron ejercer «ciertas presiones» sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas «sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación» a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación judicial.

Los investigadores de la Guardia Civil interceptaron unos correos electrónicos en los que el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, «parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores». Dicha conducta, según el fiscal, podría ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias. 

Jesús Manuel Gómez ha desempeñado diversos altos cargos en la Administración General del Estado. El actual número 3 de Trasportes ha ejercido, entre otros cargos, de interventor delegado del Servicio Público de Empleo Estatal, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y del Instituto de la Juventud. Además, según consta en su biografía, Jesús Manuel Gómez también ha sido director adjunto del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos; director general de Programación Económica y Presupuestos del Ministerio de Fomento; y miembro del Comité Presupuestario del Consejo de Europa. 

Interrogatorios ‘caso Koldo’

El magistrado ha citado a declarar a Jesús Manuel Gómez el próximo lunes 9 de septiembre. Tras él se sucederán una batería de declaraciones entre las que se encuentran también otros cargos de Transportes investigados como el jefe de personal de ADIF, Michaux Miranda; o el ex presidente de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares. El instructor también escuchará a la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos del organismo, Aránzazu de Miguel; y a la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez. Unos días después, el 16 de septiembre, el magistrado tomará declaración como testigos a la ex presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al director de Recursos Humanos del ente, Martín José Navarro Vicent.