‘Jueces para la Democracia’ controla el 40% del CGPJ con sólo el 8,5% de los jueces de España afiliados

En España hay 5.403 jueces y sólo el 8,5% son afiliados a la asociación de JJpD, sin embargo, tienen una representación "desproporcionada"

Vocales del Consejo General del Poder Judicial se plantan ante la reforma que plantea el Gobierno

Jueces CGPJ
Reunión del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ (Foto: Efe).

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está formado por doce jueces y ocho juristas de reconocida competencia elegidos por las Cortes (Congreso y Senado). Con respecto a los primeros, los jueces y magistrados, el 40% de los que componen este órgano constitucional pertenecen a la asociación progresista de Juezas y Jueces para la Democracia. Pero esto no refleja, ni mucho menos, la realidad. En España hay 5.403 jueces y sólo el 8,5% son afiliados a la asociación de JJpD, sin embargo, tienen una representación «desproporcionada» en el órgano de gobierno de los tribunales y jueces según explican a OKDIARIO fuentes judiciales.

En España, en la actualidad, tras la entrega de despachos a la 69 promoción de nuevos jueces -29 hombres y 33 mujeres- hay 5.403 jueces. De estos, la mitad de ellos no están afiliados a ninguna asociación judicial. Según las bases de datos que obran en poder del Consejo General del Poder Judicial, organismo encargado de abrir la convocatoria anual para la concesión de subvenciones y ayudas económicas para el funcionamiento de estas asociaciones, un total de 2.987 profesionales están afiliados a una asociación, es decir, la mitad de toda la Carrera Judicial. Los jueces españoles tienen prohibido pertenecer a sindicatos y estas asociaciones profesionales han adoptado el papel tradicional de proteger los derechos y condiciones laborales de los jueces y magistrados.

Según estos datos, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cuenta con 1.349 afiliados lo que supone un 25% de todos los jueces de España. Esta asociación, que es la que tiene más representación en la Carrera, está considerada como ideológicamente conservadora. Su función es, según explican en su página web, «defender a ultranza el concepto de juez jurídicamente técnico, imparcial, políticamente neutral, económicamente suficiente, y servidor público por su condición de miembro de uno de los tres Poderes del Estado, el Poder Judicial.

«Y es bajo estos postulados que nos pronunciamos y nos definimos públicamente como jueces comprometidos. Porque el compromiso y la independencia no son incompatibles. Comprometidos con la Constitución, con la legalidad del ordenamiento jurídico y con los ciudadanos, a los que nos debemos con vocación de servicio», añade.

Sin embargo, pese a ser la que tiene mayor número de afiliados en toda España y triplicar en número a los asociados a Juezas y Jueces para la Democracia, que sólo cuenta con 463 afiliados, sorprendentemente esta asociación tiene una representación menor en el Consejo General del Poder Judicial. De los doce jueces y magistrados del CGPJ (elegidos por el Congreso y Senado, excluyendo a los ocho juristas de reconocida competencia) sólo cuatro pertenecen a la APM. Son los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballesteros y Carmen Llombart.

Por el contrario, cinco pertenecen a la asociación progresista, pese a tener una representación tres veces menor en la Carrera Judicial. Los vocales del órgano de gobierno de los  jueces que pertenecen a la asociación JJpD son los vocales: Roser Bach, Victoria Cinto, Mar Cabrejas, Clara Martínez y Rafael Mozo.

La Asociación Francisco de Vitoria está integrada por 839 jueces y magistrados. Es la segunda asociación con mayor representación y no tiene ni un sólo vocal en el CGPJ. En su página web manifiestan: «Nuestra organización interna se asienta en principios democráticos y pluralistas, con plena libertad de voto y democracia interna, evidenciando que la pluralidad no se vive de forma dramática, sino natural y consustancial, al tiempo que renunciamos a servirnos de la asociación para convertirla en plataforma de intereses personales».

Los otros tres jueces miembros del CGPJ, el magistrado Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Francisco Olea y Rafael Fernández Valverde, representan a ese 44,72% de la Carrera Judicial que no está afiliado a ninguna asociación.

Con los datos sobre la mesa, fuentes judiciales consultadas por este periódico comentan con un tono irónico: «Lo ventajoso es pertenecer a la asociación progresista porque te aseguras un puesto en el órgano representativo de los jueces por el simple hecho de pertenecer a esa organización».

Reforma de la LOPJ

Jueces y magistrados indignados aseguran que el PSOE no tiene interés por cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces quienes elijan a los miembros del CGPJ. De esa manera desaparecería  la «alta y desproporcionada» representación de magistrados pertenecientes a la asociación progresista en el CGPJ, que no refleja la realidad: en el órgano de gobierno de los jueces representan el 40% y en la Carrera Judicial la «insignificante» cifra del 8,5%.

Por este motivo –explican las mismas fuentes– los socialistas no buscan «despolitizar» el nombramiento de los jueces. «Lejos de ello pretenden tener un mayor control», denuncian. Un ejemplo es la reforma impulsada por el PSOE y Podemos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que tiene como objetivo rebajar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta reforma cambiará la forma de elección actual de 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Con la nueva norma bastaría con mayoría absoluta en una segunda votación si en una primera no se han logrado los 3/5 que ahora se exigen.

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