Instituciones Penitenciarias destina funcionarios en prácticas a la vigilancia de presos peligrosos

Funcionarios de prisiones han presentado las primeras denuncias contra el Secretario General de Instituciones penitenciarias, Angel Luis Ortiz, y los directores de varias cárceles de la Comunidad Valenciana (Alicante I) y Canarias (Arrecife-Lanzarote) por un delito contra los derechos de los trabajadores, recogido en el artículo 311 del Código Penal.

Aseguran que trabajadores en prácticas son asignados a custodia de internos para cubrir bajas. «Incluso en módulos de aislamiento de presos muy conflictivos: asesinos, violadores o pederastas» y sin contar «con la experiencia ni la cualificación» necesaria para ello, según denuncian.

Los empleados públicos de varias cárceles españolas acusan a la entidad dependiente del Ministerio del Interior de modificar unilateralmente los horarios y funciones de trabajadores de carrera y en prácticas para asignarlos, desde tareas administrativas y puestos en oficina, a turnos de vigilancia, sin vestir el uniforme reglamentario. 

En el escrito de denuncia, registrada ante el Juzgado de Guardia de Alicante, al que ha tenido acceso OKDIARIO se ponen en conocimiento del juez competente: el abuso de superioridad ejercido sobre los funcionarios en prácticas por incumplimiento de sus jornadas laborales, los riesgos que lo anterior implica para el resto de trabajadores y el servicio ordinario de prisiones y la «nula voluntad del director del centro afectado de cambiar las condiciones de trabajo de los funcionarios».

Denuncian abuso de superioridad con los trabajadores en prácticas desde Instituciones Penitenciarias

Asegura el texto que desde el pasado día 13 de diciembre, la Administración Penitenciaria “está obligando a los funcionarios en prácticas a realizar jornadas de trabajo de 15 horas ininterrumpidas con un único descanso nocturno”. Esta circunstancia está provocando que los trabajadores “lleven trabajando 90 horas prácticamente continuadas en un entorno de máxima seguridad y responsabilidad (…) una alta exigencia de atención con el consiguiente desgaste personal, tanto físico como emocional, y una merma en la salud de los trabajadores”, detallan los afectados.

Y advierten que el Secretario General, a quien se puso en conocimiento de los hechos descritos, lejos de adoptar alguna «decisión que resolviese la situación» se limitó a enviar efectivos de la Subdirección General de Inspección Penitenciaria al Centro para evaluar la situación «dejando a los trabajadores con la misma obligación de asumir jornadas de trabajo de más de 15 horas» que alcanzaron las 24 en algunos casos. Por lo que solicitan que se le cite a declarar como investigado en sede judicial por los hechos denunciados.

Contra Marlaska

Las declaraciones del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia el pasado martes 18 en el Senado han sido duramente criticadas por los funcionarios de prisiones.

En su intervención, el titular de Interior, aseguraba que «debemos de garantizar todos: funcionarios, políticos y responsables políticos el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los internos; y en algunas comunicaciones, bajo criterios no muy identificables pero tampoco muy respaldables, se han visto privados de ese derecho, los más débiles, los internos». Esta última consideración de Marlaska sobre los presos ha provocado que los funcionarios exijan su dimisión inmediata «por poner en duda la profesionalidad del colectivo de trabajadores de Prisiones».

Y lamentan que «amenace» en lugar de «sentarse a negociar y afrontar las necesidades estructurales» de un sector que necesitaría cubrir «de inmediato más de 3.500 vacantes de personal» en las cárceles españolas, solucionar la inseguridad del personal «víctima de numerosas agresiones en aumento» y la «precariedad salarial», entre otras.

Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, afirma que se está investigando si las bajas masivas de trabajadores en los centros penitenciarios (que en algunos casos rondan el 40% del total de la plantilla) son parte de una huelga encubierta, en cuyo caso advierte de posibles consecuencias penales.

Ortiz ha reconocido que, mientras se determina si dichas bajas son reales o no, se está recurriendo a otros funcionarios para cubrirlas.