Un informe de Podemos admite el «problema» del «gran presupuesto» para el plan del Valle de los Caídos
El Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a poner en marcha la autodenominada «resignificación» del Valle de los Caídos. Un plan que supondrá un ingente presupuesto, como reconoce el propio Podemos en un informe sobre el monumento.
Las ambiciones de la formación morada para este espacio se recogen en el documento Exhumar el franquismo. Recuperemos el Valle de Cuelgamuros para la democracia, dirigido por el historiador Jordi Guixé, y elaborado en 2018. Podemos ilustra en él sus planes para «rediseñar» el Valle de los Caídos, incluyendo la demolición de la cruz, su símbolo más característico.
El partido, entonces en manos de Pablo Iglesias, admitía rotundo que: «Uno de los problemas a los que se debe enfrentar la Administración es la dotación presupuestaria para la reformulación del lugar. En 2011 se estimaba necesario un importe mínimo de 10 millones de euros para obras de conservación del espacio, y otros 3 millones para la restauración del conjunto escultórico (ICE). Evitar sólo la ruina del lugar ha costado 12 millones de euros desde 2012, sin haber hecho ningún tipo de reforma de calado democrático».
A continuación, Podemos destaca: «Para elaborar un proyecto capaz de reformular un lugar como el Valle, se debe tener presente que requerirá una gran partida financiera (un concurso internacional, ejecución del proyecto memorial, una nueva plantilla especializada, un proyecto museográfico, la investigación sobre inhumados, etcétera) y también una partida específica presupuestaria sobre el Valle y las diferentes líneas de ayuda que se necesitan para sacar adelante un proyecto de esta magnitud».
Sin duda el proyecto más llamativo de Podemos para este espacio es el que afectaría a la gran cruz. El Gobierno no ha aclarado si en un futuro procederá o no a su derribo que, en cualquier caso, como explicó el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se recogería en un proyecto posterior.
Pero sus socios podemitas sí tienen claras las pretensiones: en las imágenes incorporadas a ese documento se podía ver la cruz hecha añicos y sus restos, esparcidos por las explanadas del conjunto monumental. El informe lo presenta como una «intervención integral» sobre el Valle de los Caídos, con «derribo de la cruz y tratamiento de dignificación de la ruina para su exposición pública en las explanadas».
El objetivo de la formación, según se explica, es que el «residuo gravoso» resultante del derribo de este símbolo sirva para un nuevo monumento «de dignificación y respeto a las víctimas».
Según Podemos, esparcir los restos de la cruz por el suelo simboliza «una reflexión sobre el triunfo de la democracia (por fin…) sobre la dictadura». No obstante, en el informe se indica que es una «idea» de las muchas que podrían surgir de un proceso de debate colectivo y se apuesta por abrir un concurso público internacional -en el que puedan participar asociaciones de memoria histórica y víctimas- para recoger las distintas propuestas. Para Podemos es «fundamental» que el espacio «sea desprovisto de la simbología franquista tanto en el interior como en el exterior, incluida la unión de la cruz y la espada”.
Además, el partido defiende que “es imprescindible la desacralización del espacio y su total recuperación, incluida la basílica”. Y para ello «se deberían revisar los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, que otorgan el control de la basílica a los religiosos. Esto no conllevaría apartar y eliminar la simbología religiosa que se haya actualmente en el lugar, sino dar a Patrimonio Nacional un control total sobre el espacio», recogen en los documentos.
Entre las medidas incluidas en la ley de «memoria democrática»- cuyo proyecto fue aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que ahora iniciará el trámite parlamentario- figura que los restos del líder falangista José Antonio Primo de Rivera dejarán de estar en un «lugar preponderante» de este mausoleo.
La ley señala asimismo que se perseguirá la extinción de todas las fundaciones que hagan apología del franquismo, exaltación del golpe de Estado del 36 o la dictadura y apología de sus dirigentes, con menosprecio a las víctimas e incitación al odio. El Gobierno aspira a ilegalizar la Fundación Francisco Franco.
El Ejecutivo, además, ha expresado su deseo de iniciar las exhumaciones de tumbas en el Valle de los Caídos. Esos planes los apoya en un informe del Ministerio de Justicia que considera “casi imposible” identificar los restos mortales de los osarios. Y con un cálculo del mismo departamento que estima el coste de la exhumación en 213,29 millones de euros.