El Gobierno decidirá «en su momento» si derriba la Cruz del Valle de los Caídos como exige Podemos

El futuro de la gran Cruz del Valle de los Caídos está en el aire. El Gobierno no descarta su derribo en el proyecto de «resignificación» que el anteproyecto de la autodenominada ley de Memoria Democrática reserva para el conjunto monumental ordenado levantar por el dictador Francisco Franco en 1940 para albergar a víctimas de los dos bandos de la guerra civil. La demolición de la Cruz forma parte del proyecto de Podemos para desacralizar el espacio construido en el valle de Cuelgamuros, en la sierra de Guadarrama.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia con las Cortes y Memoria Democrática, ha explicado que «la ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos, pero dentro de ese marco, en su momento, habrá que concretar un proyecto en el que se tome la decisión sobre esa cuestión».

La demolición de la Cruz, de cemento armado y que pasa por ser una de las más grandes del mundo con sus 150 metros de alto y 46 metros de brazos, es uno de los requisitos planteados por Podemos, socios de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición, en su proyecto para acabar con el Valle de los Caídos como lugar sagrado y reconvertirlo en  «lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo».

«La Cruz fue nuestra pesadilla», explicó a ABC en julio de 1957 el entonces responsable de las tareas arquitectónicas en la Casa Civil del Jefe del Estado, Diego Méndez, a quien Franco le había encargado que coronase la basílica subterránea de Cuelgamuros con un «símbolo imperecedero». «Presentar una Cruz en lo alto del risco que trepa a las nubes sin que pareciera enana, vulgar de estilo y proporciones, era la pesadilla tanto para Franco como para mí», confesó Méndez, que se hizo cargo del proyecto cuando otros muchos compañeros dieron un paso atrás.

El arquitecto comenzó a cimentarla en 1950 y la concluyó cuatro años después, con un interior convertido en una especie de gigantesca chimenea que permite el acceso hasta los brazos, que también pueden recorrerse. A la parte alta se accede por una escalera de caracol.

A la espera de lo que decida el Gobierno sobre lo que la revista Blanco y Negro presentó en su momento como «una maravilla técnica sin precedente», lo que sí tendrá efectos inmediatos, una vez que el Congreso y el Senado conviertan el anteproyecto en ley, será la extinción de la Fundación de la Santa Cruz. Asegura el Gobierno que la comunidad de benedictinos que gestiona el Valle de los Caídos es «incompatible con los valores democráticos y constitucionales» que se pretenden asignar al conjunto monumental. La fundación de los benedictinos dejará de percibir los 340.000 euros anuales que recibe al año del Patrimonio Nacional y será disuelta.

El futuro Valle de los Caídos «resignificado» tampoco tendrá un «lugar preponderante» para el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, fusilado por el bando republicano, que hasta ahora descansaba en el altar de la basílica. Sus restos serán exhumados, como hace dos años los de Franco. «Hablaremos con la familia, es la manera más sencilla de cumplir la ley», ha explicado Bolaños.

La verdad oficial por ley

Que el proyecto de ley tiene como objetivo imponer una verdad oficial sobre la guerra civil y el franquismo ha quedado al descubierto cuando Bolaños se ha jactado de que «es la primera ley en la que se condena y repudia expresamente el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea”. Afirmación que contrasta, por ejemplo, con la del historiador Stanley Payne, para quien «las izquierdas impusieron una guerra civil y una dictadura que duró cuatro décadas».