Igualdad quiere un registro de la «violencia institucional» de jueces y policías contra la mujer

El Ministerio de Igualdad quiere incluir en las estadísticas de violencia contra la mujer lo que denominan «violencia institucional», es decir, aquélla que, consideran, ejercen jueces, policías, docentes o médicos.

Así lo trasladó este viernes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en la presentación del estudio Violencia institucional contra las madres y la infancia. Rosell se remitió en concreto a la Estrategia para combatir las violencias machistas, elaborada por Igualdad, y que reclama «mecanismos de análisis, evaluación y rendición de cuentas ante casos de violencia institucional». Según la alto cargo, es necesario «incluir la violencia institucional en los estudios y estadísticas, porque sin tener estos datos no podemos definir políticas públicas, en tiempos de bulos y fake news».

«Violencia institucional»

Con el término «violencia institucional», Igualdad hace referencia a «la falta de respuesta (inacción) o una respuesta inadecuada a las víctimas de violencia machista».

En ese contexto, se apunta a jueces, policías, médicos y otros actores en contacto directo con las víctimas, a quienes se atribuyen determinadas actitudes y comportamientos que podrían dar lugar a una «revictimización». Igualdad culpa a estos profesionales de ejercer una mala o nula atención, incluso desacreditando a la mujer y cuestionando su testimonio.

En la mencionada estrategia, el departamento de Montero considera que «miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario, de atención psicosocial, del ámbito educativo y judicial» ejercen «prácticas profesionales» inadecuadas, como «la infantilización, el paternalismo/maternalismo, la despersonalización en la provisión de servicios, la deshumanización (como es el privar de la intimidad que requiere la atención) e incluso la victimización directa (a través de la minimización, la ridiculización de los hechos vividos o la intimidación, alertando sobre las consecuencias irremediables de la acción de denunciar y las amenazas sobre su propio enjuiciamiento si se demostrase que miente o causa un perjuicio a conciencia».

En conclusión, según el departamento de Montero, las mujeres «se sienten responsabilizadas y juzgadas» por «la inacción, el trato inadecuado, la ausencia de perspectiva de género, la atención estereotipada o la lentitud en algunos procesos de respuesta».

«Madres protectoras»

Rosell abordó el asunto en un foro en el que criticó a los jueces, en referencia esta vez a lo que llama «madres protectoras». Una definición con la que la propia Irene Montero se refirió en su día a las madres condenadas por el secuestro de sus hijos, como Juana Rivas o María Sevilla. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se emocionó al denunciar la «criminalización» que, en su opinión, sufren estas mujeres.

El acto tuvo lugar, precisamente, dos días después de que la Justicia italiana denegara a Juana Rivas la custodia del menor de sus hijos. La sentencia recoge numerosos informes de los psicólogos y profesionales que se han entrevistado con el menor, en los que se expone que la madre le inducía a hacer acusaciones contra el padre, el italiano Francesco Arcuri: «Es como si mi madre me lavara el cerebro hablando de papá», expuso en una ocasión el pequeño tras regresar de unas vacaciones de verano en España.

Durante el acto, Rosell denunció la «espiral de desacreditación civil, penal y criminalización» en la que se encuentran esas mujeres, llamadas «secuestradoras, desobedientes, resistentes». También arremetió contra los medios de comunicación, señalando que se trata a estas mujeres de «locas».

La delegada del Gobierno criticó la «autodefensa» desde determinadas instituciones que ejercen «violencia institucional» y que, considera, «a veces llega a extremos que parecen de casi venganza institucional contra quien se ha rebelado y ha puesto de manifiesto las costuras del sistema».