Iglesias aprieta a Sánchez con la religión: funerales laicos, enseñanza islámica y ni rastro de crucifijos

La convocatoria adelantada de elecciones ha dejado pendiente de tramitación algunas iniciativas parlamentarias de Podemos que permiten adivinar sin embargo las nuevas exigencias de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez para un eventual Gobierno. Es el caso de la Proposición de Ley de Garantía de Libertad de Conciencia, que forma parte de las últimas propuestas calificadas por la Mesa de la Cámara y que, debido a la disolución de las Cortes, no será debatida.

La iniciativa es, en cambio, especialmente significativa por su carga simbólica. En ella, según el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO, Podemos exige una total separación Iglesia-Estado y, entre otras medidas, propone la derogación de los acuerdos con la Santa Sede o la enseñanza de las religiones «más representativas».  

La formación podemita se remite al artículo 16 de la Constitución, que determina que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», para criticar que «lo poco que se ha legislado» sobre este artículo «se ha hecho de forma errónea y contraria, en todo caso, a principios básicos constitucionales, por lo que se vulnera la neutralidad del Estado en cuestiones simbólicas, en cuanto a la enseñanza, la financiación y la fiscalidad».

Como ejemplos, los de Pablo Iglesias ponen las juras o promesas de los ministros y otros representantes públicos ante el crucifijo, y la biblia, «cuando se asiste en representación de toda la ciudadanía a actos litúrgicos o se condecoran imágenes, estatuas o pinturas religiosas», o, incluso, «cuando se realizan funerales de Estado religiosos, cuando lo que correspondería -considera Podemos- en todos los casos es que fueran de naturaleza civil» o «cuando el ejército y las fuerzas armadas participan oficialmente en actos religiosos y liturgias varias».

«Todo ello», dice la formación en su iniciativa, «constituye una subordinación del poder civil a entidades religiosas». 

Sin derecho a elegir la educación

Podemos se centra especialmente en el ámbito educativo, y considera que existe un «adoctrinamiento católico», mediante la enseñanza de la religión y la financiación de conciertos educativos. Casos, opina la formación, en los que el Estado «deja de ser neutral ante la cuestión dogmático religiosa» y «vulnera muy gravemente la libertad de conciencia de los escolares que por la edad no tienen capacidad de decidir».

Así, la Proposición de Ley promulga que el Estado debe asegurar que los ciudadanos puedan «practicar su modo de vida y las actividades privadas y públicas que ello implica», así  como «garantizar» que «las prácticas de culto, meditación o actividades de otra índole que requieran un espacio público» puedan realizarse «siempre y cuando no lesionen otros derechos ni sean contrarios al orden público».

En otro punto, la formación de Pablo Iglesias limita el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, afirmando que «ningún menor será obligado a instruirse en una religión o en un sistema de convicciones contra su voluntad».

La iniciativa compromete también las obligaciones de los representantes públicos que deberán «actuar siguiendo un código de conducta que se derive del principio de confesionalidad del Estado».

«Durante la celebración de actos públicos los representantes de las comunidades religiosas serán considerados representantes de la sociedad civil al mismo nivel que otras expresiones de la misma, no siéndoles otorgadas una posición de preeminencia institucional», se añade.

Por regla general, la iniciativa impide subvencionar a asociaciones religiosas y entidades vinculadas a comunidades religiosas, que tendrán que ser «financiadas mediante sus propios recursos», se lee en la proposición. Sin embargo, Podemos abre la puerta a cierta discrecionalidad, que le permitiría ayudar a aquellas asociaciones que fuesen de su gusto, al considerar que sí podrán subvencionarse «aquellas actividades de asociaciones o entidades religiosas que se consideren de interés público». Un criterio sujeto a un alto grado de subjetividad.

La propuesta busca también poner fin a las exenciones fiscales de los bienes de la Iglesia Católica, así como la derogación de todos los acuerdos firmados por el Estado con la Santa Sede.

En el plazo de un mes posterior a la entrada en vigor de la Proposición, se dice también, «el Gobierno, en colaboración con las autoridades educativas de las comunidades autónomas, procederá a la firma de un nuevo acuerdo en materia de enseñanza y asuntos culturales con las comunidades religiosas más representativas». 

El Gobierno rechazó la derogación

Aunque en varias intervenciones antes de llegar a La Moncloa, Sánchez prometió la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede -“No somos anticlericales, pero sí laicos”, destacó en su discurso tras ser elegido secretario general del PSOE- el Ejecutivo socialista admitió después que dichos Acuerdos «tienen el carácter de convenios internacionales lo que significa que su modificación deberá ajustarse a lo dispuesto en el Derecho Internacional», añadiendo -en una respuesta por escrito en el Senado- que “forman parte de nuestro Ordenamiento jurídico y mantienen su vigencia de manera que los poderes públicos están obligados a cumplirlos e interpretarlos conforme a la Constitución, de igual forma que el resto del Ordenamiento”.

La única posibilidad, reconoce el Gobierno, es “desarrollarlos o modificarlos” a través de “comisiones mixtas” para “mantenerlos actualizados”. Es decir, en ningún momento se contempla su derogación, reconocía el Gobierno, como informó OKDIARIO. 

Esos Acuerdos son, precisamente, los que prohíben la exhumación de Franco, al considerar que la Basílica del Valle de los Caídos es «inviolable» y, por tanto, cualquier decisión debe contar con la autorización del prior.