La idea de Tudanca para el turismo en Castilla y León: «Rutas de memoria» por fosas de la Guerra Civil

El programa del PSOE para las elecciones en Castilla y León presta especial atención a la política de la llamada «memoria democrática», una de las grandes obsesiones de los socialistas. El candidato a la Junta, Luis Tudanca, pretende imponer en toda su extensión el plan de Pedro Sánchez, con una batería de medidas que, entre otras, incluye la señalización de «lugares de memoria» en la región para que «se conozcan los hechos históricos que sucedieron en cada uno de ellos». Evidentemente, con una visión parcial de marcado sesgo ideológico.

Se considerarán «lugares de memoria» aquellos «espacios en los que, de forma habitual, se llevaron a cabo fusilamientos; los lugares puntuales en los que tuvieron lugar asesinatos por parte de los represores franquistas, todas las fosas comunes ya excavadas; todos los campos de concentración, cárceles u otro tipo de centros de reclusión en los que las víctimas de la guerra y el franquismo sufrieron encarcelamiento; todos los memoriales realizados por asociaciones o colectivos memorialistas; o los vestigios de los enfrentamientos bélicos en el territorio» de la comunidad autónoma.

«Garantizaremos su conservación en buen estado e incluiremos en su entorno paneles informativos u otro tipo de materiales pedagógicos elaborados por profesionales. De esta forma podrán cumplir su función conmemorativa y didáctica», señalan los socialistas.

«Como colofón al inventario», el partido de Pedro Sánchez promoverá la creación de «rutas de la memoria», «que tengan como paradas obligatorias los diferentes espacios señalados en el mapa». El objetivo, explican, no es sólo «proteger este tipo especial de patrimonio» sino «dar una oportunidad turística a términos municipales, tanto del medio rural como del urbano, en los que se encuentran estos vestigios de nuestra historia reciente».

No es la única medida que se plantea en este apartado. De hecho, el programa dedica varias páginas a la «memoria histórica», con propuestas como «la subvención de proyectos científicos o la concesión de becas de investigación que tengan como objetivo el estudio de la Guerra Civil y la dictadura franquista en la comunidad» o la elaboración de un censo de víctimas castellanas y leonesas. También promoverán «la anulación de las sentencias dictadas y las sanciones emitidas durante la Guerra Civil y la dictadura por los órganos de la justicia sublevada y franquista por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa o de orientación e identidad sexual contra miles de personas nacidas en nuestra tierra», lo que dará derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal de las víctimas.

Además, se propone «liderar, coordinar y financiar la exhumación de las fosas comunes existentes en Castilla y León» y «crear un banco de ADN de los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en Castilla y León, con el objetivo de facilitar la identificación de los restos localizados en la exhumación de las fosas».

También se plantea «reinhumar a las víctimas con respeto y reconocimiento público». «Si los restos mortales no son identificados, serán enterrados en un panteón costeado por las instituciones públicas en el cementerio más cercano a la fosa en que aparecieron».

Adoctrinamiento

El adoctrinamiento en «memoria histórica» es otro de los objetivos. Así, se incluirán «los estudios sobre el desarrollo de la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista en Castilla y León en los contenidos curriculares de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato».

Para ello, pretenden inculcar ese guerracivilismo también a los profesores, mediante «cursos de formación, actualización científica y didáctica relacionados con el tratamiento escolar» de lo que denominan «la memoria democrática». Otro de los vértices es la elaboración de materiales didácticos para el alumnado, unos «especiales libros de texto» que «serán elaborados, por personal experto en estas cuestiones», entre los que estarán «historiadores, especialistas en didáctica y pedagogía, profesionales en humanidades digitales, profesores de los distintos niveles educativos» y también «miembros de asociaciones memorialistas».

El partido quiere imponer así su visión parcial de la historia «explicando a la ciudadanía estos hechos históricos sin enmascaramientos, olvidos y mitos para que sean conscientes de su pasado, entiendan mejor su presente y puedan evitar que en el futuro se repitan acontecimientos tan traumáticos como los que tuvieron lugar en España tras el golpe de Estado contra la II República de julio de 1936».

También se obligará a los empleados públicos a formarse en estos contenidos, mediante un plan de formación continua y en los procesos de selección.