Vara dio la dirección de una empresa pública al jefe de UGT durante el latrocinio de los fondos de formación

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, regaló un puesto de director en una empresa pública (AVANTE) al que fuera secretario general de UGT, Miguel Bernal, durante los años investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos al latrocinio de los fondos para los cursos de formación extremeños.

La UGT infló las facturas para llevarse el dinero destinado a la formación de parados y trabajadores en Extremadura, desviándolo hacia la central de su sindicato. Y presidente de la Junta, el socialista Fernández Vara, introdujo una cláusula en los contratos de los fondos que permitió ese desvío. Hasta ahora la información recabada por la UCO ha demostrado rotundamente estos puntos de una trama que ya se encuentra judicializada.

Pero una pieza más se acaba de sumar a este puzzle. Una pieza que se llama Miguel Bernal, quien fuera diputado del PSOE en la anterior legislatura y previamente secretario general de UGT, justo durante los años en los que la Guardia Civil ha confirmado ya la implantación de la trama de desvío de fondos y justo en el periodo necesario para implementar el esquema de inflado de las facturas de los gastos con cargos a los fondos de formación. Y ese mismo Miguel Bernal fue nombrado director general de toda la red de empresas públicas de Vara el mismo mes en el que tomó posesión el actual presidente socialista: julio de 2015.

En su curriculum de Avante no es posible encontrar referencias a su pasado en UGT. Cuestión curiosa porque lo cierto es que fue su lanzadera. Aunque él ahora sea el flamante “director general de Extremadura Avante», tal y como refleja su perfil en LinkedIn.

Y no es un mal premio. Porque Extremadura Avante es un conglomerado de empresas públicas dependientes de la Junta de Extremadura «que tiene como objetivo prestar servicios a las empresas extremeñas en las diferentes fases de su desarrollo, con el fin de que puedan ser más competitivas, impulsando el desarrollo industrial y empresarial de Extremadura”, tal y como refleja la web del citado ente público. Resumido: que controla para Vara todo el entramado de apoyo -o no- a las empresas extremeñas. Un cargo con mucho poder.

En su curriculum en Avante Miguel Bernal Carrión tan sólo señala que nació “en Alburquerque, es Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Sevilla y Experto Socio Laboral por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)” y que está “vinculado con la promoción e implementación de estrategias de desarrollo social y económico en el ámbito europeo, nacional y regional, ha desempeñado responsabilidad organizativas y de representación en instituciones y entidades de nivel europeo, español y extremeño, dirigiendo equipos de trabajo y procesos de planificación y desarrollo de temas económicos y sociales”.

Pero lo cierto es que él estuvo en UGT hasta 2009. Y ese es uno de los años que investiga la Guardia Civil por la trama de vaciado de fondos de formación llevada a cabo por el sindicato hermano del PSOE y CCOO en Extremadura, con el fin de financiar la estructura nacional de las centrales sindicales.

Con el permiso de Vara

Los informes de la UCO, en poder de la Fiscalía, han aportado un dato importante: que la adjudicación oficial de las subvenciones plasmó expresamente en una cláusula la autorización “a la entidad beneficiaria” para la “concertación de la actividad formativa subvencionada con entidades vinculadas y/o aquellas colaboradoras con las que subcontrate más de un 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros”. Un párrafo que fue incluido por orden del Gobierno del entonces también presidente socialista Guillermo Fernández Vara.

El permiso suponía literalmente la puerta abierta a los sindicatos extremeños para poder pactar con las sociedades que, en el caso de UGT, por ejemplo, entraron para desviar los fondos a la estructura nacional del sindicato, tal y como ya ha adelantado OKDIARIO.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han contabilizado ya seis sociedades, incluido la entidad IFES –implicada también en el escándalo de fondos de formación de Andalucía– que han entrado en esta práctica y que han desviado a Madrid más del 20% de los fondos asignados a los cursos de formación en la Comunidad de Extremadura.

La mecánica era simple: las distintas entidades inflaban los costes de los servicios que les subcontrataban y, además, lo hacían con un entramado societario que, en última instancia, estaba controlado o directamente era propiedad de la central nacional de UGT.

La UCO lleva tiempo investigando el comportamiento de IFES. Y ahora ha detectado otras cinco entidades o sociedades que participaban en la mecánica de vaciado de las subvenciones y fondos. Todo ello en un escándalo en el que ya se sabe que IFES gestionaba prácticamente el 70% de los fondos de formación adjudicados y en el que la primera estimación del volumen de la bolsa de fraude –30 millones de euros– empieza a quedarse claramente desfasada de la realidad. Porque los primeros testigos que han sido chequeados por los investigadores han desvelado que la práctica defraudatoria es “la misma” que siempre habían desarrollado.