La UCO prueba que UGT infló multiplicando por 10 las facturas de los locales de los fondos de formación

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama extremeña de los cursos de formación han probado que UGT no sólo desviaba fondos desde esta región hacia la central nacional del sindicato del PSOE sino que, además, lo hizo disparando el inflado ficticio de los gastos para poder apropiarse de una parte importante de las subvenciones concedidas.

Ese inflado oscilaba entre cuantías del 20%, 30% y 40% en los gastos normales -material, tutorías, profesores-. Pero ahora la UCO ha aportado pruebas que revelan que las facturas de los locales empleados se justificaron multiplicando por diez los costes reales.

El informe que hoy desvela OKDIARIO revela todo un ejercicio de alteración contable a gran escala. Así, si el “gasto de alquiler soportado” se situaba en “4.310,64 euros” en la realidad, el “importe justificado” se multiplicó casi por diez, llegando a los “40.139,58 euros”.

La Guardia Civil refleja en su informe que “habiéndose observado que IFES justifica 40.139,58 euros en concepto de alquiler en acciones formativas realizadas en el local que nos ocupa, y teniendo en cuenta el gasto real que supone dicho alquiler para Localmur, se observa un diferencia de 35.828,94 euros”.

Localmur era el proveedor del local donde se impartió el curso.
La práctica es tan sólo un ejemplo de lo ocurrido en una dinámica que la Guardia Civil apunta ya como prueba de la existencia de “indicios de un supuesto delito contra la Hacienda Pública”, por fraude en las subvenciones concedidas.

La mecánica posterior de desvío de fondos también ha sido ya descubierta por la UCO. Según los investigadores, seis sociedades, incluido el IFES –implicado en el escándalo de Andalucía– habrían desviado a Madrid el 20% de los fondos asignados a los cursos de formación en la Comunidad de Extremadura.

La UCO ha detectado otras cinco entidades o sociedades, además de IFES,  que estaban en la mecánica de vaciado de las subvenciones y fondos que recibían para conectarlos con la estructura sindical nacional. Todo ello en un escándalo en el que ya se sabe que IFES gestionaba prácticamente el 70% de los fondos de formación adjudicados y en el que la primera estimación del volumen de la bolsa de fraude –30 millones de euros– empieza a quedarse claramente desfasada de la realidad.

Los primeros testigos chequeados no han tardado en afirmar que la práctica defraudatoria es “la misma” que siempre habían desarrollado. Algo que ha hecho que, en estos momentos, la Guardia Civil chequee un escenario mucho más amplio de años: un escenario que puede llegar a superar las dos décadas. Y esa ampliación implica que el nuevo volumen de fraude pueda superar los 100 millones de euros.

Así, en el caso de Extremadura, UGT se nutría de fondos públicos tanto directamente como a través de una serie de empresas para generar una red proveedora de bienes y servicios. Y todas estas empresas -cinco adicionales a IFES- estaban casualmente participadas directa o indirectamente por el propio sindicato nacional.