UGT camufló sindicalistas como alumnos y profesores de sus cursos para cobrar más fondos de formación

CCOO y UGT
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez. (Foto: EFE)

La trama de desvío de fondos de formación por parte de UGT sigue desvelando datos dantescos. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama extremeña de los cursos de formación acaba de aportar nuevas pruebas del latrocinio llevado a cabo por el sindicato. UGT camufló sindicalistas como profesores y como alumnos de los cursos con el fin de cobrar más fondos de forma fraudulenta, ya que no lograban los cupos necesarios. Los documentos que hoy aporta OKDIARIO prueban las prácticas que han sido, además, certificadas por los testimonios aportados ya judicialmente por la UCO.

Los investigadores han acreditado, además, que seis sociedades, incluido el IFES –implicado en el escándalo de Andalucía– habrían desviado a Madrid el 20% de los fondos asignados a los cursos de formación en la Comunidad de Extremadura. La trama, que contó con el permiso expreso del Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara para desviar los fondos, permitía de este modo llevarse el dinero y financiar con ello los gastos directos de la macro estructura de UGT a escala nacional.

La UCO y la Fiscalía recogen con crudeza la trampa en sus informes ya judicializados. Allí destacan los investigadores de la Benemérita que “se ha detectado que en las actividades formativas han participado como docentes personas de las que la Administración no tiene ningún conocimiento previo, por cuanto no han sido objeto de comunicación oficial al inicio de las acciones formativas y que incluso ha habido casos de multiparticipación de docentes en acciones que se desarrollan en el mismo periodo de tiempo y espacio”.

UGT camufló sindicalistas como alumnos y profesores de sus cursos para cobrar más fondos de formación

La investigación aclara más y afirma que “se han detectado partes firmados por el mismo profesor o alumnos en horas y días coincidentes […], partes en los que aparece como alumnos personal del propio IFES”. IFES es el instituto sindical de UGT que coordinaba y gestionaba los cursos.

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La Fiscalía concreta este hecho y apunta que, además, “las labores de tutoría y evaluación aparecen como realizadas por personal de la plantilla de IFES, pero por personas distintas de los propios docentes de esos cursos” y, encima “las horas de tutoría superan ilógica y sobradamente las horas de docencia”.

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Para colmo, señala la Fiscalía, “entre las personas incluidas en esos costes de personal” de las clases, han aparecido personas que desempeñan funciones de “organizador sindical”.

Cinco sociedades ligadas a UGT

La UCO cuenta con pruebas, por otro lado, de que cinco sociedades, además de IFES,  estaban en la mecánica de vaciado de las subvenciones y fondos que recibían para conectarlos con la estructura sindical nacional. Todo ello en un escándalo en el que ya se sabe que IFES gestionaba prácticamente el 70% de los fondos de formación adjudicados y en el que la primera estimación del volumen de la bolsa de fraude –30 millones de euros– empieza a quedarse claramente desfasada de la realidad.

El procedimiento dio inicio a manos de la Fiscalía Anticorrupción y a instancia de la denuncia interpuesta por el entonces Gobierno regional de José Antonio Monago. Los primeros pasos de la investigación dejaron claro que existía una trama de sociedades que facilitaba la financiación irregular del sindicato nacional. La entidad puente investigada era el IFES. Las primeras estimaciones de fraude apuntaban de este modo a 30 millones de euros. Y es que el periodo analizado abarcaba desde 2008 hasta 2011.
Los primeros testigos chequeados, sin embargo, no han tardado en afirmar que la práctica defraudatoria es “la misma” que siempre habían desarrollado. Algo que ha hecho que, en estos momentos, la Guardia Civil chequee un escenario mucho más amplio de años: un escenario que puede llegar a superar las dos décadas. Y esa ampliación implica que el nuevo volumen de fraude pueda superar los 100 millones de euros.

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