Una red societaria de UGT a nivel nacional se nutría del fraude de 30 millones de los fondos de formación

La Justicia cuenta ya con informes realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se detalla con exactitud cómo UGT se nutrió a escala nacional del latrocinio de más de 30 millones de euros de los fondos de formación extremeños.

Los investigadores de la Benemérita ha aportado datos que revelan la radiografía de cómo el “69,18%” de los contratos era gestionado, no por el sindicato regional, sino por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), que, a su vez, derivaba contratos a otras sociedades -como Formación 2020, propiedad en un 95% del propio IFES y un 5% de UGT España-. Hay que recordar que IFES es una de las entidades que ha aparecido vinculada a la mayoría de las acusaciones de corrupción en Andalucía precisamente con los cursos de formación.

Los documentos judiciales a los que ha tenido acceso OKDIARIO desvelan la estructura que permitía la salida de ese capital hacia la estructura nacional del sindicato. Y las aportaciones de los investigadores apuntan sin miramientos a una fraude masivo. El informe pone como muestra de las prácticas un contrato de formación de 1,83 millones de euros fechado el 26 de enero de 2012.

De ese contrato, sin embargo, el dinero gestionado desde Extremadura suponía una mínima parte. El resto se fue directo al esquema de control nacional del sindicato: “La entidad beneficiaria UGT Extremadura comunicó a la Administración Autonómica competente que, a la fecha del citado contrato con IFES dicha fundación -que aparece como proveedora de servicios, y no como beneficiaria asociada- ejecutaría el 69,18% de las actividades de su Plan de Formación aprobado”, destaca el informe judicial de los investigadores.

Y, a partir de ahí, empezó el fraude: “El procedimiento defraudatorio […] habría consistido, básicamente” en tres mecánicas de engaño y apropiación de los fondos públicos: la primera, consistente “en incrementar artificiosamente el coste de las nóminas del personal docente contratado por IFES para las acciones formativas que le fueron subcontratadas”.

La segunda, plasmada en el desvío de “cantidades destinadas a formación de trabajadores ocupados (subvenciones públicas) a financiar gastos de personal” del sindicato.

La tercera, basada en “solicitar pagos de subvención sobre supuestos gastos que no tienen ningún soporte documental justificativo, bien en incurrir en aparentes sobrecostes no justificados en distintas partidas por importe superior al coste real de mercado del material, producto, equipamiento o servicio prestado”. Las cifras infladas no eran pequeñas: el sobrecoste alcanzaba el “42,33%” en algunos de los casos detectados por la UCO.

Y todo ese dinero, se desviaba

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil avanza, de este modo, sin pausa en su investigación de este nuevo escándalo de los cursos de formación que salpica a los dos grandes sindicatos del país: CCOO y UGT. Los investigadores creen que el fraude en ambas formaciones sindicales se extiende a escala nacional y por importes muy superiores a los 30 millones de euros.

Los datos en poder de la Guardia Civil y de la Justicia, de hecho, avalan la tesis de que el fraude se extendió a lo largo de dos o tres décadas, con lo que el volumen puede superar los cien millones de euros con facilidad, tal y como apuntan fuentes conocedoras de la investigación.

Esta trama tiene su origen en Extremadura. Pero las conexiones con empresas ligadas a los sindicatos a escala nacional hacen pensar a la UCO que el escándalo es literalmente igual al destapado en Andalucía y que, por lo tanto, tiene que contar con una coordinación fáctica desde las centrales sindicales. La corrupción, según consta en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción y que ya se investiga con la personación del PP, se centra en un fraude cometido en la facturación por fondos de formación de la patronal extremeña CREEX, UGT-Extremadura, CCOO-Extremadura y CEPES-Extremadura.

El inicio de la denuncia se apoya en plena etapa socialista, y en concreto, de los datos recabados en 2011 por el Ejecutivo regional de José Antonio Monago. Pero, a partir de ahí, la investigación se ha ampliado a los 30 millones adjudicados en los cursos de formación de 2008 a 2010. Y en estos momentos, los testimonios practicados ya han abierto el abanico a varias décadas. Y es que las primeras declaraciones han asegurado que la práctica era “la misma que se había realizado siempre”.