UGT infló los costes de las tutorías porque no llenaba las clases de los cursos de formación

Los informes de la Fiscalía y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la trama de desvío de fondos montada por UGT en Extremadura para financiar los gastos del sindicato nacional han desvelado un nuevo dato clave: el propio sindicato justificó infinidad de tutorías con cargo a los fondos de formación porque no llenaban el cupo de alumnos.

Ante la certeza de que los cursos -en caso de que definitivamente se hayan realizado- no tenían el más mínimo seguimiento y eran insuficientes para poder justiciar el volumen de dinero extraído. Por ello, y ante la evidencia de que sus cursos de formación no atraían al volumen de gente necesario para seguir justificando horas cobradas, decidieron disparar los gastos en tutorías.

Así lo hicieron y la Guardia Civil deja constancia de esta irregularidad señalando que el 32% de estas tutorías y sus gastos “carecen de cualquier tipo de soporte documental justificativo”.

Igualmente llamativo es el tremendo volumen alcanzado por estas tutorías. La UCO señala que “los salarios de los docentes contratados por IFES incluidos en la justificación de la subvención” se eleva, por ejemplo, en uno de los proyectos subvencionados a “358.636,09 euros”. Pues bien, en los mismos cursos de formación, “los gastos justificados como tutorías” alcanzan un volumen total de “240.493,80 euros”, equivalente a un 67% del importe de justiciado globalmente como salarios.

La UCO, además, señala que de esos 240.493,80 euros, 75.984,56 euros no cuentan con el más mínimo respaldo documental que pruebe su existencia real.

Seis sociedades

Se trata del nuevo capítulo en una trama que se encuentra en estos momentos en manos de la Justicia y que en la que la UCO ya ha aportado pruebas de que UGT contaba con un entramado de seis entidades y sociedades, encabezadas por IFES (famosa ya en el escándalo de los fondos de formación de Andalucía) para inflar los gastos multiplicándolos hasta por diez, con el fin de desviar dinero de las subvenciones hacia su estructura sindical nacional.

La UCO ha certificado igualmente que los contratos se firmaron con una cláusula del Gobierno socialista de aquella época, comandado por Fernández Vara, para poder realizar la subcontratación masiva y permitir, por lo tanto, la salida de fondos.

La investigación ha probado que los gastos de personal destinados a la formación se incrementaron “artificiosamente” entre 2008 y 2011 un 42%. Que un 32% de los gastos carecen del más mínimo soporte documental. Que los gastos de tutoría superan ilógica y sobradamente las horas de docencia”. Que los locales supuestamente empleados en los cursos se facturaron multiplicando artificialmente hasta por diez su coste real para llevarse más subvenciones. Y que lo mismo se hizo con todos los gastos: equipos, materia docente, gastos generales, etc.

Porque lo que se buscaba era inflar los gastos y llevarse a través de la red de 6 sociedades el mayor volumen de dinero posible a la estructura nacional de UGT. La estimación inicial del fraude se situaba en 30 millones de euros. Ahora la investigación apunta a una práctica defraudatoria de más de dos décadas, algo que puede disparar el volumen del fraude por encima de los cien millones de euros.