El Gobierno ve a Torrent «prudente» para no incurrir en ilegalidades

El Gobierno sigue de cerca los pasos del presidente del Parlament, Roger Torrent. Pero, al menos hasta ahora, lo ven «prudente» de cara a cometer ilegalidades que puedan implicar consecuencias penales.

La Moncloa ya avisó a Torrent la pasada semana de que perseverar en la investidura de Jordi Turull- en prisión por decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena- activaría las correspondientes «medidas». Torrent estiró el órdago y convocó el pleno, pero sustituyó la segunda votación por un debate sobre la situación excepcional en Cataluña tras el procesamiento de la cúpula del ‘procés’. Fuera del hemiciclo, en un salón aparte, el presidente del Parlament arremetió contra el «salto de represión» del Estado y reclamó un amplio «frente común» para «defender los derechos» de los dirigentes golpistas. Aunque cuestionable desde el punto de vista de su papel institucional, no hay en ello ninguna consecuencia penal.

La nueva cita será el miércoles: un nuevo pleno, forzado por Junts per Catalunya y la CUP, para defender la condición de Puigdemont-detenido en Alemania-de ser investido.

El escenario no agrada en absoluto a ERC. Tampoco al PDeCAT, la vieja guardia de convergentes que aspiran a desmarcarse de una vez por todas de la tutela del ex president. Pero la presión ha obligado a la convocatoria de un pleno en el que, de acuerdo a su literalidad, se votará la resolución en la que «el Parlament se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que Carles Puigdemont pueda ejercer sus derechos políticos incluyendo el derecho a someter a debate y votación su candidatura para ser investido presidente de la Generalitat».

En principio, tampoco esta convocatoria sería, por sí misma, recurrible. Porque de lo que se trata más bien es de un nuevo debate parlamentario, sobre la situación procesal de Puigdemont y sus opciones de ser investido. Otra cosa bien distinta sería si, una vez aprobada la resolución, se convocase un nuevo pleno para votar la investidura. O que se intentase cualquier otro ardid para llevarla a término.

Hasta ahora, Torrent ha evitado desobedecer al Tribunal Constitucional, que avisó ya de que cualquier investidura a distancia es imposible. Precisamente, y después de este aviso, anuló el pleno en el que estaba prevista la investidura de Puigdemont, el pasado 30 de enero.

A la doctrina del Constitucional se une la del propio juez Pablo Llarena, que la pasada semana avisó de que la investidura, en ese caso, de Jordi Turull, era imposible.  Turull, en prisión, conservaba aún sus derechos políticos-en tanto no sea inhabilitado-pero el magistrado rechazó preventivamente que pudiese salir para ser investido porque esto supondría «poner en peligro el ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democrático».

«Cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección», observó Llarena.

En el Gobierno se precisa que Torrent, en sus declaraciones públicas, se muestra incluso más combativo que su antecesora, Carme Forcadell, ahora en prisión imputada por rebelión. En sus intervenciones, Torrent arremete contra la «represión» del Estado e incluso advierte de que «ningún juez tiene la legitimidad de detener al presidente de todos los catalanes», como hizo este domingo.

Sin embargo, matizan también, una cosa son las palabras. Y otra, los hechos. La convocatoria de un pleno de investidura de Carles Puigdemont sí sería objeto de recurso. Y Torrent, previsiblemente, imputado por desobediencia.

Entre tanto, el Parlament tramita actualmente la reforma de la Ley de Presidencia para permitir una investidura a distancia. Si se utiliza para investir a Puigdemont, de nuevo sería una ilegalidad, como avisaron los propios letrados.

El PP se desmarca de la dimisión

Por otro lado, el PP se desmarca de la petición de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para que Torrent dimita.

Arrimadas registró este lunes su petición y arremetió contra el dirigente republicano por utilizar «la institución del Parlamento para hacer mítines políticos», en referencia a la declaración de este domingo.