El Gobierno ve «fundamental» instruir al alumnado en «virtudes republicanas, represión y exilio»

El Gobierno considera un «objetivo fundamental» que «la memoria entre en la escuela». El temario de Secundaria y Bachillerato para el próximo curso conllevará una importante modificación para adaptar sus contenidos a la reciente ley de «memoria democrática», aprobada por Pedro Sánchez gracias a Bildu. El Ejecutivo, con este fin, acortará el periodo histórico que estudiarán los alumnos, de forma que las enseñanzas sobre Historia de España no empezarán «en Atapuerca», sino en la Constitución de 1812. En ello insistió el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, durante una intervención en la Escuela de Educación en Valores: Memoria democrática y participación, promovida por el Partido Socialista.

El Gobierno no oculta su intención de que el alumnado de toda España sea instruido en la llamada «memoria». Así, se estudiarán contenidos como las «virtudes republicanas», la «represión» y el «exilio» de forma pormenorizada «por primera vez». Desde el Ejecutivo consideran que en el temario «había que introducir nuevos principios, nuevos valores» para cumplir ese «objetivo fundamental» de que «la memoria entre en la escuela», señaló Martínez. Estos contenidos estarán presentes también en la formación continua del profesorado y en las oposiciones a funcionario. Los aspirantes tendrán que formarse de forma obligatoria en esta materia en «todos los temarios».

«Hay mucha gente que cuando le preguntan sobre la Guerra y la dictadura, casi todo el mundo dice es que no habíamos llegado ahí. Porque el PP empezaba la historia de España de Bachillerato en Atapuerca, y difícilmente se podía profundizar en los orígenes de la democracia, o en la Guerra de España y los 40 años tenebrosos de dictadura», abundó el alto cargo socialista. El currículo dedicará un tema a la República y otro «al golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura».

«Se va a estudiar la represión, el exilio, la resistencia y los movimientos sociales antifranquistas, con el objetivo de tener una sociedad democrática, de convivencia, de valores», avanzó.

Como ya publicó este periódico, el Gobierno incluirá también la «memoria» en todas las pruebas selectivas para la Administración General del Estado.

La ley recoge además que «las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado se incluyan formaciones, actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática, impulsando en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».

En el caso concreto de los funcionarios, la nueva norma obligará a que los planes de formación continua en la Administración General del Estado incorporen contenidos específicos de «capacitación y sensibilización en relación con la memoria democrática». Esos contenidos, se añade, «se elaborarán teniendo en cuenta la perspectiva de género».

Polémicas

La ley, en vigor desde octubre, fue aprobada en el Congreso gracias al partido de Arnaldo Otegi.

A cambio, el Ejecutivo se comprometió a la constitución de una «comisión técnica» que deberá realizar un estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983». Es decir, ya en plena democracia y bajo el mandato de Felipe González. Ese estudio recogerá «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Además, se constituye una comisión estatal «independiente» de carácter académico para «contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura». Su función será recoger testimonios, información y documentos y aprobar un informe de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas de forma «objetiva e imparcial».

La ley renombra el Valle de los Caídos, que pasa a llamarse Valle de Cuelgamuros; se suprimen hasta 33 títulos nobiliarios concedidos por Francisco Franco y se obliga a la exhumación del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera.