El Gobierno recula y acepta tramitar su decreto económico como ley al quedarse sin apoyos

El Gobierno tramitará como proyecto de Ley el decreto de las medidas económicas para hacer frente a la guerra de Ucrania. Aunque lo había rechazado en distintas ocasiones, imponiendo así su criterio sin consenso ni necesidad de negociación con el resto de grupos, la confirmación de que estaban solos y que previsiblemente este jueves iban a sufrir una derrota parlamentaria ha hecho recular al gabinete de Pedro Sánchez in extremis.

A media tarde el Gobierno se preparaba para una larga noche de negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios. No se cerraba ninguna puerta, aunque ERC se oponía y el PP exigía unas condiciones que, para el Ejecutivo, «eran difíciles de asumir». El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática -el hombre para todo de Sánchez-, Félix Bolaños, era el responsable de las negociaciones. En Moncloa no se esconden: «Estamos jodidos» reconocían horas antes de tomar la decisión de tramitar el decreto como proyecto de Ley.

La carta de Bravo a Montero

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, había remitido una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde señalaba que desde el partido son conscientes de la «difícil situación económica que España está afrontando» y emplazaba a la titular de Hacienda a bajar los impuestos a cambio del apoyo del PP.

«Para que el PP facilite la convalidación sugerimos abrir un proceso de diálogo urgente con el fin de que nuestras propuestas se concreten en su correspondiente tramitación como proyecto de ley», aseguraba el vicesecretario de Economía en su carta. En esa carta, el PP pedía al Gobierno que, a cambio de facilitar la aprobación del decreto, tramite el texto como proyecto de ley, se comprometa por escrito a una rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, una bajada en el IVA para la electricidad de acuerdo con las normas comunitarias, una gestión eficiente de los fondos europeos y una reducción en el gasto burocrático y político del actual Gobierno.

La ministra de Economía y Hacienda respondía a la misiva del PP con otra al consejero Juan Bravo en la que lamentaba, en primer lugar, la falta de discreción de los populares en las negociaciones con el Ejecutivo al hacer público su mensaje.

Montero añade que «en mi caso he mantenido la prudencia y discreción acordadas, necesarias en cualquier negociación», desliza en la carta, en la que agrega: «Entenderás que tras la presión mediática que habéis generado, dé a conocer el contenido de esta respuesta».

En la misiva a Bravo, la ministra María Jesús Montero le manifiesta la disposición del Gobierno a llegar a acuerdos con el PP, apuntando a aspectos como la paralizada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Montero la dice al consejero andaluz que su propuesta «requiere de un análisis profundo» y le dice que es necesario estudiar «el impacto económico y presupuestario».

La titular de Hacienda recoge también la disposición de Moncloa para tramitar el decreto anticrisis como proyecto de ley e incide en las medidas relativas al precio de la luz y los combustibles.

Nerviosismo

Hacía tiempo que no se desprendía tanto nerviosismo desde el Palacio de La Moncloa. Tal vez, en lo que llevamos de legislatura, nunca se había vivido una situación similar. Lo de estos días, por culpa del presunto espionaje a los separatistas, va más allá que una pelea entre los socios de coalición con órdagos que no llegan a ningún lugar. También ERC, en algunas ocasiones, los ha hecho. Pero esta vez, con el president Pere Aragonés pidiendo incluso la dimisión de Margarita Robles, en el gabinete de Pedro Sánchez asumen que «la cosa va en serio».

Los silencios públicos que guardan los distintos partidos a última hora del jueves, y los inputs que recibían en Moncloa, iban encaminados a que el Congreso tumbase el decreto. Una derrota sin paliativos para el PSOE y Podemos que se niegan a asumir. Aunque Sánchez había dado órdenes de «ir con todo» para tratar de salvarlo, de nada han servido los esfuerzos. Bolaños ha hablado con Gabriel Rufián -en una conversación que según ambas parte no ha ido bien- y tenía previsto hacerlo también con el responsable de relaciones institucionales del PP, Esteban González Pons, y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal.

Las condiciones que imponen los distintos grupos al PSOE a cambio de su apoyo «son difíciles de asumir en general» señalan en el entorno del presidente. La cabeza de Margarita Robles, una de sus ministras más leales, no le será servida a ERC como reclama Aragonés.

Pero, como mínimo por ahora, el jefe del Ejecutivo tampoco está dispuesto a desatar otra crisis con sus socios de Podemos para complacer al Partido Popular con una reducción de carteras ministeriales. La rebaja de impuestos y el IVA, aunque no es del agrado de los socialistas, «se podría llegar a estudiar para ganar tiempo» resumen. La tramitación del decreto como proyecto de ley «era el mal menor». Una fórmula para no salir derrotados. Aunque es un punto de inflexión.

Sánchez suspende un viaje

El miedo era tal que hasta el propio presidente del Gobierno se ha visto obligado a posponer el viaje a Moldavia y Polonia que iba a realizar este jueves y viernes para agradecer su labor en la acogida de refugiados ucranianos. En su gabinete lo han vendido como que quiere estar presente en un debate y votación «tan importante» como la del decreto de la guerra. Pero esta mañana ni tan siquiera estaba previsto que acudiera.

Sánchez ha modificado sus planes porque con su ausencia la coalición de Gobierno perdería un voto que, recordando cómo fue la convalidación de la reforma laboral, podría suponer la victoria o la derrota. Al final no será necesario por el cambio de postura. Este mismo miércoles Gabriel Rufián le advertía de que «vaya pidiendo el teléfono de Alberto Casero» -el diputado del PP que se equivocó con el voto-, ya que el resultado está muy ajustado.