El Gobierno remitirá el espionaje a los golpistas al Defensor del Pueblo para que no investigue la Fiscalía

El Gobierno de Pedro Sánchez va a enviar el caso del presunto espionaje con el programa Pegasus a dirigentes independentistas al Defensor del Pueblo, liderado por el socialista Ángel Gabilondo, para evitar judicializar el caso y que la Fiscalía haga una investigación en profundidad. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha hecho el anuncio este domingo a la consejera catalana Laura Vilagrá.

Fuentes gubernamentales consultadas por OKDIARIO trasladan que esa es la propuesta que Bolaños ha llevado en su carpeta a Barcelona y que la Generalitat ha acogido con desconfianza. El Govern ya había explicado que la reunión se produce a instancias de la Generalitat y que el objetivo era pedir al Gobierno todas las explicaciones necesarias y «que asuman responsabilidades». 

La cita se ha celebrado desde las once menos diez de la mañana en el Palau de la Generalitat en un clima de tensión. El Govern ha acogido con cierto recelo y malestar la decisión de Moncloa. Todo ello presidido por un gran cuadro amarillo que recordaba al color de los lazos a favor de la independencia.

Bolaños ha regalado a la consejera de Presidencia catalana un ejemplar del libro En Defensa de la Conversación. Un título del autor Sherry Turkle que aboga por «el poder de la conversación en la era digital». «Una ambiciosa investigación basada en un penetrante conocimiento de la psicología humana», reza la portada de la obra. Una vez más, el Gobierno tira de simbolismo para cortejar a sus socios secesionistas.

La estrategia de Sánchez pasa, de nuevo, por recurrir a Gabilondo para realizar una investigación que contente a sus socios. Ya ocurrió con el caso de los abusos en el seno de la Iglesia. En lugar de recurrir a la Justicia ordinaria, se apuesta por el Defensor del Pueblo que no tiene los mismos medios y sus resoluciones no tienen carácter de sentencia.

Juzgado

En todo caso, en la Justicia ordinaria ya consta una causa sobre el supuesto espionaje a través de los móviles de Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y otros políticos que abogan por fracturar el país. El caso está en el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona.

El correspondiente magistrado en este punto todavía espera la respuesta de Israel a las comisiones rogatorias que envió hace un año y medio, cuando el caso afectó al conseller Roger Torrent y al concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall, informan a EP fuentes jurídicas.

También se espera la respuesta de Irlanda, donde tiene el domicilio fiscal Facebook, propietaria de WhatsApp, que alertó del ataque a Torrent y Maragall.

Al detectar el ataque, Torrent y Maragall se querellaron contra responsables del CNI, pero el juez y la Fiscalía rechazaron investigarlos por falta de indicios. No obstante, el instructor envió sendas comisiones rogatorias a Israel e Irlanda para recabar más datos.

Las citadas fuentes jurídicas detallan que los nuevos casos de presunto espionaje publicados esta semana podrían unificarse en esta misma causa, para lo que cada uno de los afectados debería denunciar los hechos.

El lunes pasado, una investigación de la plataforma de ciberseguridad CitizenLab difundió que los móviles de unos sesenta miembros de ERC, Junts y la CUP fueron espiados entre 2019 y 2020 con el programa israelí Pegasus, ya con Pedro Sánchez en el despacho noble del Palacio de La Moncloa.

Congreso

El posible espionaje político también llegará esta semana al Congreso. Se medirá así el estado de las relaciones del Gobierno con sus aliados ERC y Bildu, así como con Junts, el PDeCAT o la CUP. Habrá preguntas para el presidente Pedro Sánchez, varios de sus ministros y al director de Gabinete, Óscar López.

Este último será el primero en responder. El lunes tendrá un ‘cara a cara’ en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional. Presentará la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, pero las formaciones independentistas, junto con Más País y Compromís, promoverán su comparecencia específica para hablar del espionaje.

Además, ERC, Junts, Bildu, CUP y PNV han centrado en este asunto sus preguntas al Gobierno para la sesión de control del miércoles. El portavoz de ERC, Gabrel Rufián, interrogará directamente a Sánchez para saber si el Gobierno piensa investigar este caso de espionaje a independentistas. El presidente autonómico y líder de ERC, Pere Aragonès, alerta de que se ha debilitado su confianza en el Gobierno. Fija finales de semana como plazo tope para obtener explicaciones, exigiendo de antemano la dimisión de aquellos cargos que tuvieran conocimiento de estas prácticas.

Reprobación

Además de las preguntas, ERC ha registrado una interpelación con el fin de que el Gobierno rinda cuentas sobre «la calidad democrática del Estado». Ese movimiento posibilitará proponer una moción sobre el tema a votar en el siguiente Pleno, en mayo. Podría incluir una mayor exigencia de explicaciones o incluso algún tipo de censura o reprobación al Gobierno.

A la ministra de Defensa se dirigirán Junts, la CUP y el PNV. El partido de Puigdemont quiere que Robles aclare si ha tomado medidas «para depurar responsabilidades en el escandaloso caso Pegasus», mientras que Mireia Vehí (CUP) pide «qué razones pueden tener los servicios de Inteligencia para investigar a la oposición independentista».

Por su parte, el nacionalista vasco Aitor Esteban quiere que Robles explique «qué artículo de que ley le impide dar datos al parlamento sobre el uso del programa Pegasus por parte del Estado».

Y Bildu se dirigirá al ministro de Presidencia para conocer si «tiene constancia de la implicación de algún Ministerio o sus órganos en el espionaje político masivo a independentistas».

Defensa de Cs

Por Ciudadanos, Edmundo Bal, preguntará en sentido contrario: «¿Qué actuaciones ha llevado a cabo este Gobierno en materia de seguridad nacional respecto a la amenaza separatista?». Ha defendido el control judicial al que está sometido el CNI y adelanta su rechazo a que el Congreso investigue este supuesto espionaje a políticos independentistas.