El Gobierno rechazó hace un mes ampliar los centros de acogida en Canarias ante la oleada de inmigrantes

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó hace un mes habilitar nuevas instalaciones en Canarias ante la llegada masiva de inmigrantes de la que ya alertaban las autoridades internacionales. Sin embargo, esta semana se ha visto obligado a ello, como ha ocurrido con el campamento militar de Barranco Seco, al verse desbordado por la oleada de inmigrantes ilegales que han llegado a las Islas, fundamentalmente al puerto de Arguineguín, localidad del suroeste de Gran Canaria.

En concreto, Moncloa respondió así a una pregunta escrita de Vox en el Congreso de los Diputados, consultada por OKDIARIO y que instaba a Ejecutivo socialcomunista a actuar con urgencia y de manera previsora. «En cuanto a lo referido en varias de las cuestiones sobre los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), cabe indicar que se cuenta en la actualidad con una red de infraestructuras que se estima suficiente, sin perjuicio de que ante situaciones puntuales extraordinarias se decida completar la misma con nuevos centros», fue la contestación del Gobierno con fecha de 21 de octubre en el registro de la Cámara baja.

De esta forma, el Gobierno aseguró que tenía «suficientes» infraestructuras en Canarias para atender debidamente a un aumento del flujo migratorio. Sin embargo, la realidad ha evidenciado que no era así. «¿Prevé el Gobierno destinar nuevas localizaciones para albergar a los inmigrantes irregulares que llegan a Canarias ante la saturación de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Gran Canarias, Lanzarote y Fuerteventura y que no reúnen las condiciones adecuadas de sanidad y seguridad, haciendo dichas labores dos naves industriales y una carpa de lona fija, respectivamente», planteó Vox en su pregunta.

La formación de Santiago Abascal denunció en la motivación de esta iniciativa que «como consecuencia de la saturación que viven los Centros en los que se custodian a los inmigrantes que han llegado, los policías que prestan servicios tiene que realizar labores asistenciales y/o sanitarias que no le son propias».

Fue el pasado miércoles, con más de 2.000 inmigrantes ilegales hacinados en el muelle de Arguineguín, cuando el Gobierno informó de un campamento de emergencia que Defensa había montado en el antiguo polvorín de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria. El ministerio de Margarita Robles transfirió esta instalación a Interior para que el departamento de Fernando Grande-Marlaska se encargara de su gestión como CATE, donde se realizarían pruebas de coronavirus a los usuarios. La primera decisión fue que este lugar albergara desde el miércoles a 200 de los 2.301 inmigrantes que se encontraban en condiciones insanas en Arguineguín.

Según informaron a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias, esta decisión fue adoptada por su titular, Anselmo Pestana, junto con el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, y el nuevo jefe superior de Policía de Canarias, Rafael Martínez, en un encuentro celebrado el propio 18 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria.

6.000 plazas «en breve»

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, viajó este viernes a Canarias y anunció allí  un plan por el que las Islas contarán «en un breve espacio de tiempo» con casi 6.000 nuevas plazas de emergencia distribuidas en siete campamentos (entre ellos el de Barranco Seco) repartidos por las tres islas que concentran el 95% de las llegadas: Gran Canaria (1.950 plazas), Tenerife (3.250) y Fuerteventura (700). Una cifra, que junto a las 1.100 plazas que ya tiene Canarias, estaría disponible antes de final de año, según el Ejecutivo.

Así lo avanzó Escrivá, acompañado de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, y del presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, que mostró su rechazo a que las Islas soporten solas el 100% de la inmigración. Entretanto, autonomías como la Comunidad Valenciana, Navarra, Extremadura, País Vasco y Castilla y León, además del Ayuntamiento de Barcelona, han ofrecido plazas al Ministerio para acoger a parte de los 9.000 inmigrantes que se encuentran actualmente en las Islas.

Y en paralelo, según el departamento de Escrivá, el Gobierno tratará de que estas 7.000 plazas de emergencia se vayan transformando en plazas estables con la adecuación de sus instalaciones. En la actualidad, en Canarias hay 5.500 migrantes repartidos en un total de 17 hoteles y edificios de apartamentos, un recurso provisional que el Ministerio prevé dejar de utilizar con las nuevas 6.000 plazas de acogida y la vista puesta en la vuelta del turismo y la recuperación económica.

El ministro de Migraciones subrayó que el 90% de los 18.348 inmigrantes que han llegado en patera a Canarias en lo que va de año «son expulsables a sus países de origen», si bien admitió traslados a la Península por parte de su departamento de aquellas personas en «situación de vulnerabilidad».