Crisis del coronavirus

El Gobierno rechazó hace 4 meses la mascarilla al aire libre porque «lo avala la evidencia científica»

mascarilla
Pedro Sánchez.

Un mes después de imponer a los españoles la mascarilla al aire libre, el Gobierno logró convalidar este martes el decreto que establece esa obligación. El Ejecutivo alargó hasta el límite el plazo para la votación en el Congreso al no tener asegurados los apoyos que, finalmente, se garantizó gracias a una treta parlamentaria incluyendo en el texto otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021 y la contratación de sanitarios. El propio Ejecutivo, como reveló OKDIARIO, admitió que no disponía de informes científicos que justificasen la medida, que ha sido rechazada hasta por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). Hace cuatro meses, incluso, llegó a reconocer que la «evidencia científica» demostraba que esa medida era inútil.

Así respondía el Gobierno en junio pasado a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, a la que ha tenido acceso este periódico. El 26 de ese mes, Sánchez eliminó la obligación de usar la mascarilla en espacios al aire libre cuando se pudiese mantener una distancia mínima de metro y medio. La decisión coincidió con la concesión de los indultos a los condenados del procés y la oposición vio en ella un intento de suavizar ante la opinión pública esos favores al separatismo. El pasado diciembre, en cambio, Sánchez volvía a imponer a los españoles esta obligación, endureciéndola todavía más. Desde entonces, sólo se puede prescindir del cubrebocas en «espacios naturales». Es decir, hay que llevarla por la calle aunque no haya nadie alrededor.

Sin expertos

«¿Ha tenido en cuenta el Gobierno algún tipo de evidencia científica o técnica para tomar la decisión de hacer que la mascarilla deje de ser obligatoria en espacios al aire libre?», preguntaron por escrito los populares, en junio. En septiembre, el Gobierno respondió justificando el fin de la medida en que «la evidencia científica mostraba un menor grado de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2 en espacios al aire libre».

Lo llamativo de la respuesta es, además, que Sánchez avale el fin de la mascarilla en la «evidencia científica». Lo mismo que ahora utiliza para imponer todo lo contrario. «Creemos, porque así nos lo han dicho todos los presidente autonómicos, la comunidad científica y así lo creo yo, que es una buena medida», aseguró el socialista el pasado 22 de diciembre al anunciar esta medida, tras la Conferencia de Presidentes.

La realidad es que el Gobierno ni siquiera tiene informes de expertos que justifiquen la obligatoriedad de la mascarilla. En una respuesta a OKDIARIO a través del Portal de Transparencia, el Ejecutivo acabó reconociendo que tomó la decisión sin aval científico.

En concreto, el Gobierno se remite en su respuesta a dos documentos, elaborados por el propio Ministerio de Sanidad, meses antes de que un Consejo de Ministros extraordinario aprobase la medida. Se trata de informes en los que se analiza la efectividad de las medidas para el control de la transmisión. Es decir, no fueron elaborados ex profeso para evaluar el impacto de la mascarilla al aire libre.

Países como Francia o Reino Unido ya han prescindido de esta medida, que se ha demostrado claramente ineficaz para frenar los contagios. La OMS, de hecho, sólo la aconseja al aire libre si no se puede guardar la distancia mínima, que para este organismo es de un metro. Tampoco los colegios médicos la aprueban. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) el uso de la mascarilla en exteriores «tiene una efectividad mínima por sí misma».

El decreto, que ahora será tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia, ha sido convalidado por 162 votos a favor, frente a 153 en contra y 28 abstenciones.

Los socios del Gobierno, no obstante, dejaron claras sus discrepancias. Grupos como ERC o Bildu criticaron el «chantaje» del Gobierno por su maniobra con los pensionistas. Desde el PP, Ana Pastor también utilizó este término y recriminó que «nunca han tenido un informe científico-técnico» que avale la medida. «¿Cómo es posible que España no tenga una norma dos años después para hacer frente a una pandemia?», se ha preguntado la ex ministra de Sanidad, que ha pedido una ley de pandemias «que impida que volvamos a asistir a los espectáculos que hemos vivido, con 17 respuestas diferentes».

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