Memoria Histórica en las aulas

El Gobierno quiere que los niños estudien a los ‘maquis’ como «víctimas» de la Guerra Civil

memoria historica Fernando Martínez López.
Fernando Martínez López.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El nuevo director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, defiende una revisión en la enseñanza de la Guerra Civil que considere al ‘maquis’ -la guerrilla antifranquista- como ‘víctimas’ de la Guerra Civil, equiparándolos a los fusilados, encarcelados y exiliados. Así lo revela en una entrevista reciente, en la que argumenta que «se hicieron reparaciones a las víctimas de los vencedores y no a las de los vencidos» y por ello apuesta por una «reparación integral», también en la enseñanza. Los ‘maquis’-que acabaron controlados por el Partido Comunista- son responsables de la muerte de más de 1.000 personas, además de secuestros, expolios y sabotajes, especialmente en la España rural.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes la creación de la Dirección General de Memoria Histórica y el nombramiento de Martínez López, catedrático de Historia Contemporánea, exalcalde de Almería y excoordinador del Mapa de Fosas de Andalucía, como director general. Hasta hoy, era además secretario ejecutivo de Memoria Histórica de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Según informa el Ministerio de Justicia, al que queda adscrita esta dirección general, servirá para dar el necesario impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica «a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y proporcionar el debido apoyo institucional al cumplimiento de los objetivos fijados en la citada ley».

Incentivos a libros sobre la «represión franquista»

La propuesta socialista para la Memoria Histórica incide especialmente en el ámbito educativo, con medidas sin duda controvertidas. Así figura en una proposición de ley presentada hace unos meses y que recoge la obligatoriedad de que los programas educativos incluyan «la enseñanza de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas». El Gobierno prevé además «incentivar» la elaboración de libros de texto y otro material didáctico sobre la Guerra Civil y la «represión franquista», mediante el acceso a subvenciones y ayudas editoriales. 

La inclusión de la “memoria democrática”, como denomina, no se limita a los niveles de primaria, secundaria o bachillerato. Afecta también a los estudios universitarios, según estos planes. Así, se contemplan convenios de colaboración para incorporarla en estudios de Grado, e incluso, de Master. 

Además, se promoverán las investigaciones “sobre la represión padecida por las mujeres durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista”.

El Gobierno prevé «incentivar» la elaboración de libros de texto y material didáctico sobre la Guerra Civil y la «represión franquista» mediante el acceso a subvenciones

El PSOE determina así que la enseñanza se adapte a una visión de la historia española que vendrá determinada por lo que denominan ‘Comisión de la Verdad’, un «órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido», según se recoge en el texto de la misma proposición.

La comisión estará integrada por expertos de distinto tipo -juristas, historiadores, expertos en violencia de género o miembros de asociaciones de derechos humanos- y se encargará de elaborar un estudio sobre el período comprendido entre la Guerra Civil y la aprobación de la Constitución (1936-1978), a través de la recogida de testimonios y otros materiales. El objetivo, dicen los socialistas, será denunciar “las violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra” y contribuir “a la construcción colectiva de la memoria democrática española”. Las conclusiones serán remitidas al Congreso de los Diputados para su aprobación y tendrán carácter vinculante, con lo que vertebrarán todo el discurso del Gobierno en torno a la Memoria Histórica.

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