El Gobierno quiere que Canarias sea una Lampedusa: un centro de acogida permanente de inmigrantes

Lo que parecía una respuesta rutinaria a una pregunta del Partido Popular ha dejado por escrito que la crisis migratoria está lejos de resolverse y que Canarias seguirá enfrentándose en solitario a la presión asistencial por las llegadas masivas de inmigrantes ilegales. El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, anunció la creación de 7.000 plazas de acogida hace seis meses que ahora se consolidarían como estables en las islas.

La gestión de la ola migratoria sufrida por Canarias en los últimos 14 meses tiene pinta de ser la hoja de ruta del Gobierno de España a medio y largo plazo. Desde que en marzo de 2020 se cerraran las fronteras de Marruecos, la afluencia de pateras y cayucos con inmigrantes ilegales con destino al archipiélago se disparó, lo que provocó que el Estado invirtiera decenas de millones de euros en crear plazas de acogida para absorber ese flujo migratorio. Ahora, gracias a una pregunta parlamentaria del Partido Popular, el Gobierno ha puesto por escrito los planes que tiene para la situación de los inmigrantes ilegales en Canarias.

De eso precisamente iba la pregunta de los populares, ya que en los últimos meses se ha detectado un preocupante inmovilismo en la población de inmigrantes ilegales en Canarias. No está habiendo devoluciones a sus países de origen y cuando las hay son en un número muy inferior a las nuevas llegadas. Tampoco están volando inmigrantes ilegales a la península, salvo excepciones humanitarias, desde que la Jefatura de Canarias dio orden de impedirlo. Así que poco a poco la población inmigrante ilegal crece en las islas.

El fenómeno está afectando especialmente a Gran Canaria. Días pasados, ocho patrullas de la Guardia Civil tuvieron que regresar a los complejos turísticos del sur de la isla por un nuevo y violento altercado protagonizado por menores no acompañados. Los agentes consultados por OKDIARIO describen una extrema violencia en el centro donde fueron recibidos por los menas que les arrojaron, una vez más, mobiliario de los apartamentos desde las ventanas.

Por cierto, aún quedaban pendientes unas 2.000 pruebas de edad sobre presuntos menores y al ritmo que se practican y a la luz de los resultados que arrojan se estima que la mitad de esas pruebas demostrará que hay cerca de un millar de adultos que se están haciendo pasar por menores no acompañados.

En este clima es en el que cinco diputados del Partido Popular redactaron una consulta al Gobierno el pasado 3 de marzo, que básicamente resumida, quería saber qué planes tenía el Ejecutivo para Canarias en materia de inmigración ilegal ante la aparente falta de avances. La respuesta tardó en llegar, pero fue absolutamente reveladora.

Más de 4.000 inmigrantes ilegales

El Gobierno asegura por escrito que “uno de los objetivos fundamentales del Plan de Acogida que se está desarrollando en Canarias es habilitar una infraestructura de acogida que quede instalada de forma permanente, a fin de proporcionar una atención humanitaria en condiciones de dignidad, independientemente del nivel de flujos de llegadas a las islas”. Más claro agua: Canarias será un centro de acogida permanente de inmigrantes ilegales.

Sólo en lo que llevamos de 2021 ya son 4.411 inmigrantes ilegales los que han llegado a Canarias, un 133% más que el año pasado, y suponen más de la mitad de los inmigrantes ilegales llegados en lo que va de año a todo el territorio español.

En la respuesta gubernamental parece que se cae en la cuenta de que la medida propuesta por el Ejecutivo no es precisamente solidaria, ya que hace cargar al archipiélago con el peso de todo ese flujo migratorio, así que a renglón seguido se añade un texto que suena más a deseo que a medida concreta de ayuda a Canarias.

“Dentro del modelo de acogida, Canarias es la comunidad autónoma donde se están produciendo el mayor número de llegadas a costas, si bien desde la Secretaría de Estado de Migraciones se considera clave que exista un reparto de responsabilidad entre los diferentes territorios donde existen plazas de acogida, dentro del programa de atención humanitaria, lo cual se está consiguiendo mediante la autorización de traslados, desde Canarias a la Península por parte del Ministerio del Interior, de personas migrantes con un perfil de especial vulnerabilidad”.

Al autor del texto se le olvida un detalle, nada nimio, por cierto. En la última gran crisis migratoria las comunidades autónomas pusieron a disposición de Canarias apenas unos cientos de plazas para aliviar su situación. Esta aparente indiferencia ha sido denunciada a través de varias  manifestaciones multitudinarias de vecinos de Gran Canaria a los que se les ha acusado de racistas, claro está, desde la Península, a cientos de kilómetros del problema. Con este panorama a las Islas se le está señalando como futuro macrocentro de internamiento de inmigrantes ilegales con todo lo que ello conlleva.