El Gobierno no garantiza que la Policía y la Guardia Civil sigan en Cataluña y País Vasco

El Gobierno no asegura la presencia de los actuales efectivos de Policía y Guardia Civil en Cataluña, País Vasco y Navarra. Los socialistas han enmendado una moción presentada por el Partido Popular en el Senado, en la que instan a la Cámara a «reconocer y valorar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y al Gobierno «a no reducir la presencia de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil en ninguna parte del territorio nacional, especialmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña».

En su enmienda, los socialistas proponen sustituir el punto anterior por otro con el siguiente redactado: el Senado «reconoce, valora y apoya la profesionalidad y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el conjunto de España», desmarcándose por completo del compromiso de que policías y guardias civiles continúen prestando sus servicios en esas regiones.

La moción-en la que se propone además un complemento salarial de «territorialidad» para los policías y guardias civiles destinados en Cataluña que compense la situación de “acoso” y “presión” a la que se ven sometidos por el independentismo-salió adelante, pero gracias al voto a favor del PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro.

Tanto PSOE como Podemos, PDeCAT, ERC, Coalición Canaria, Eh Bildu y PNV votaron en contra. Los socialistas criticaron además al PP por pretender «alimentar el conflicto territorial en Cataluña por enésima vez» y desde Podemos opinaron que en la actualidad estos cuerpos tienen necesidades más importantes que resolver como la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, mayores políticas de conciliación o una mejor equipación de materiales. Lo cierto es que los socialistas no descartan que ese repliegue pueda producirse. 

El PSE apoya el repliegue que pide el PNV

La retirada progresiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una de las reivindicaciones históricas del nacionalismo vasco.

Desde el PNV, el recorte de los efectivos a términos absolutamente “residuales” se entiende como una obligación de acuerdo al artículo 17 del Estatuto de Guernica y de los acuerdos de 1989, que concluyen que la presencia de las FSE debe ajustarse a las competencias que les corresponden, en tanto se defiende a la Ertzaintza como “policía integral” en el País Vasco.

El Estatuto de Guernica determina que la seguridad ciudadana es competencia de la Ertzaintza, aunque reserva a las FSE la capacidad de intervenir “en el mantenimiento del orden público” por iniciativa propia cuando “estimen que el interés general del Estado está gravemente comprometido”. La reclamación encuentra además acomodo en el acuerdo de 13 de marzo de 1989sobre Delimitación de Servicios entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma Vasca.

Esa reclamación fue suscrita meses atrás por los socialistas vascos. En concreto, en febrero pasado, el PSE respaldó una petición del PNV en el Parlamento Vasco para reclamar que, en el plazo de un año, se produjese un ajuste de los efectivos de acuerdo a “las necesidades reales de seguridad” según su “estricto ámbito competencial”.

El PSC propone otro modelo policial en Cataluña

La presencia de los Cuerpos del Estado también incomoda a los dirigentes independentistas catalanes.

En el programa con el que el PSC concurrió a las elecciones en Cataluña, Miquel Iceta propone un nuevo modelo policial en la Comunidad, para un sistema de seguridad público “integrado” y “adaptado a las necesidades y demandas del ciudadano”, en el que se potenciará la “transversalidad de actuación de todos los actores en materia de seguridad”. Para ello, se añade, se establecerán protocolos de actuación coordinados, que permitan la optimización de recursos y la mejora de los servicios en materia de seguridad.

El punto central de ese proyecto es la confección de una ley -‘Ley del sistema policial de Cataluña’– que supere el actual modelo de separación de competencias y que recoja la “intervención integral” de los policías dentro del territorio de Cataluña. En este sentido, los socialistas prevén “priorizar los aspectos de unificación necesarios para una gestión eficiente del sistema”.

De las principales reclamaciones, la más ansiada por los mossos es el acceso a organismos internacionales, como Interpol y Europol.